El oficialismo define en estas horas la estrategia para avanzar con la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La intención es firmar dictamen el miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, y llevar el texto al recinto el jueves 19 de febrero o, en su defecto, la semana siguiente.

En estas negociaciones participan el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la Casa Rosada. El objetivo del Gobierno es mantener el proyecto tal como fue aprobado en el Senado, aunque ya se anticipan tensiones en Diputados.

El PRO busca cambios en el pago de sueldos

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su bancada insistirá en modificar un punto excluido por el Senado: permitir que los sueldos se depositen en billeteras virtuales y bancos digitales.

"Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa", afirmó Ritondo ante distintos medios, entre ellos TN.

La postura del PRO choca con la de la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), quien sostuvo que el oficialismo no aceptará modificaciones en la revisión de Diputados, para evitar que el proyecto vuelva al Senado.

Provincias Unidas y el Fondo de Asistencia Laboral

No solo el PRO buscará cambios. Desde el bloque Provincias Unidas, liderado por la diputada santafesina Gisela Scaglia, preparan ajustes en el capítulo de indemnizaciones, centrados en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según la propuesta, el fondo obligatorio para financiar despidos se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% de pymes.

Además, legisladores de provincias productoras, especialmente Córdoba y Santa Fe, trabajan en ajustes del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.

El esquema plantea un piso de inversión de:

US$150.000 para microempresas

US$600.000 para pequeñas empresas

US$3,5 millones para medianas

La discusión sobre estos puntos será clave para consolidar apoyos de los bloques provinciales, que ya jugaron un rol decisivo en el Senado.

Rechazo de Unión por la Patria

Desde Unión por la Patria (UxP) el rechazo es total. El diputado Sebastián Galmarini criticó el contenido del proyecto y su impacto en el empleo:

"Es una muy mala ley. No tiene ningún artículo que ayude a mejorar la situación del empleo ni a recuperar la actividad que perdió Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Es una gran bolsa donde se meten artículos a favor de uno y de otro", sostuvo.

También cuestionó el FAL, al que calificó como un "financiamiento de despidos y timba financiera", y afirmó que dentro de estas reformas laborales "no hay ninguna que ayude al trabajador ni al país". Desde UxP anticipan que buscarán frenar la iniciativa o impedir que avance sin cambios.

Respaldo radical y cuentas oficialistas

La Unión Cívica Radical adelantó que acompañará el texto aprobado por el Senado. Los seis senadores que responden a Eduardo Vischi votaron junto al oficialismo, pese a algunas diferencias.

El diputado correntino Diógenes González sostuvo que valoran "el trabajo de los senadores que lograron concertar con el Gobierno una serie de reformas que protegieron a las pymes y atendieron la situación fiscal de las provincias", destacando la eliminación del capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias, que comprometía la fiscalidad provincial.

"Sabemos que hay temas por conversar, pero estamos en condiciones de acompañar el proyecto tal como se aprobó en el Senado", afirmó.

Con ese respaldo, el oficialismo confía en reunir mayoría con el apoyo de bloques provinciales. En esa tarea, influyeron las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, y el antecedente de la votación en el Senado.

El diputado libertario Nicolás Mayoraz anticipó que el dictamen se firmará el 18 de febrero y que se cumplirán los diez días reglamentarios previos al cierre del período parlamentario. Para garantizar el tratamiento, el Ejecutivo extenderá por un día más las sesiones extraordinarias, que finalizarán el 28 de febrero.

Con ese margen, el Gobierno apuesta a cerrar uno de los debates centrales del verano político y avanzar con una de las reformas estructurales de su programa económico.