El Gobierno nacional presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido formal para que Milagro Sala deje el régimen de prisión domiciliaria y pase a cumplir su condena en una cárcel común.

La solicitud fue impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que sostiene que la medida dispuesta por el organismo internacional en 2017 se convirtió en un beneficio que "no corresponde dada la gravedad de los delitos" por los que fue condenada la dirigente social jujeña.

Sala fue sentenciada a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en fallos que quedaron firmes tras la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El argumento del Gobierno ante la CIDH

En la presentación, el Estado argentino rechazó los planteos de "hostigamiento judicial" denunciados por la defensa de Sala y afirmó que la República cumple con sus obligaciones internacionales.

Según el escrito, durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria se registraron situaciones que motivaron controles adicionales, entre ellas un cambio de domicilio sin autorización judicial, lo que habría activado alertas del sistema de monitoreo electrónico.

Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, señalaron que presentar esos controles como hostigamiento busca "instalar un relato para mantener un privilegio".

La situación judicial y el pedido de libertad condicional

Milagro Sala cumplió en enero dos tercios de su condena, es decir, 10 de los 15 años impuestos por la Justicia jujeña. Esta condición la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional, según lo establece el Código Penal.

De acuerdo con la última resolución judicial, ese trámite puede iniciarse desde el 16 de enero de 2026. La libertad asistida recién podría evaluarse en 2030 y el vencimiento total de la pena está previsto para el 16 de enero de 2031.

Actualmente, la dirigente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata.

Las denuncias de la defensa durante la internación

En paralelo, la abogada Alejandra Cejas denunció nuevas irregularidades durante la internación de Sala. Según indicó, funcionarios judiciales y médicos viajaron desde Jujuy para tomarle declaración e incluso intentaron realizar una audiencia virtual mientras estaba hospitalizada.

La defensa calificó esas acciones como un trato "excepcionalmente riguroso" y denunció que se intentó forzar su traslado en condiciones que consideraron inadecuadas.

Las causas que derivaron en la condena

Una de las condenas corresponde a amenazas realizadas en 2014 a una comisaría de Alto Comedero, por lo que recibió una pena de dos años.

La causa principal, conocida como "Pibes Villeros", determinó que Sala encabezaba una asociación ilícita que desviaba fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. En ese expediente, el Tribunal Oral Criminal 3 la condenó a 13 años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Según consta en la causa, el perjuicio al Estado fue de aproximadamente 60 millones de pesos y durante el juicio declararon más de 100 testigos.