El Gobierno oficializó la baja de 13 empresas de medicina prepaga
La Superintendencia de Servicios de Salud informó la exclusión de nuevas prestadoras dentro de un plan de control y reordenamiento del sistema privado de salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de 13 empresas de medicina prepaga, en el marco de un proceso que busca actualizar el padrón de prestadoras autorizadas y fortalecer los controles sobre el sistema privado de atención sanitaria. La medida se publicó en el Boletín Oficial y se suma a acciones similares que comenzaron en 2024.
Qué implica la medida
La resolución impacta sobre compañías con inscripción provisoria o trámites de registro definitivo incompletos, rechazando su inscripción definitiva según la Ley 26.682. La Superintendencia notificó formalmente a los usuarios de las empresas afectadas.
En enero de 2026, ya se habían inhabilitado cuatro prestadoras, por lo que con esta nueva disposición el total asciende a 27 compañías excluidas del sistema de medicina prepaga en lo que va del año.
Empresas afectadas en esta oportunidad
Las 13 prepagas que perdieron su inscripción son:
Codime S.A.
Mapfre Salud S.A.
Sociedad Médica Universitaria S.A.
Carra Salud S.A.
Huinca Salud
Rescate Centro S.A.
Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
Emergencias Médicas Punilla S.A.
Grupo Gerenciador G4 S.A.
Emergencia Cardio Asistencial S.A.
Pangea S.A.
Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
Armiento S.A. (Grupo A Mano)
La resolución fue firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la SSS, y forma parte de un reordenamiento del sistema de salud privado, iniciado para garantizar transparencia, cumplimiento regulatorio y seguridad de los afiliados.
Contexto del proceso de depuración
Desde 2024, el Gobierno lleva adelante un plan de revisión reglamentaria que incluye:
Actualización del padrón de prestadoras.
Revisión de documentación sobre actividad, finanzas y datos de afiliados.
Rechazo de registros provisionales y definitivos incompletos.
El objetivo es fortalecer el sistema de salud privado, asegurar que las empresas cumplan con las exigencias legales y proteger a los usuarios de servicios irregulares o prestadoras no habilitadas.