El conflicto por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) sumó tensión política, pero el Gobierno le baja el tono. Pese al amparo presentado por el PRO para frenar la elección de autoridades, en La Libertad Avanza aseguran que no hay irregularidades y descartan un quiebre con sus aliados parlamentarios.

El Gobierno relativiza la interna con el PRO

En el oficialismo sostienen que la presentación judicial impulsada por Cristian Ritondo no alterará la relación con el PRO. "El vínculo está bien", repiten cerca del Ejecutivo, donde consideran que ambos espacios seguirán votando en sintonía por compartir una misma orientación política.

Desde La Libertad Avanza también remarcan que el reclamo del macrismo no cambia el escenario legislativo y atribuyen la reacción a una sobreactuación política de algunos dirigentes.

Las designaciones en la AGN, bajo la lupa

El Gobierno defiende la conformación actual de la AGN y afirma que los nombramientos se realizaron de manera correcta. Los tres cargos quedaron en manos de Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio (por el peronismo) y Pamela Calletti (por las provincias, de Innovación Federal).

Además, en el oficialismo aseguran que el PRO no cuenta con la cantidad de legisladores necesaria para reclamar un lugar propio dentro del organismo de control.

Milei niega traiciones y busca cerrar el tema

Javier Milei también salió a desactivar la polémica. En declaraciones televisivas, el Presidente negó que la decisión haya significado una traición a Mauricio Macri y descartó que el episodio implique una ruptura política con el PRO.

Sin embargo, desde el macrismo la lectura es distinta. Dirigentes del espacio insisten en que se incumplió un acuerdo previo y advierten que lo que está en juego es la confianza política entre ambos bloques.

El amparo judicial y los argumentos del PRO

Cristian Ritondo presentó un amparo en nombre de todo su bloque para pedir la nulidad de la resolución y una medida cautelar que impida que los nuevos integrantes de la AGN asuman funciones hasta que haya una sentencia firme.

Entre los argumentos, el PRO sostiene que el procedimiento fue inconstitucional, que la designación se hizo fuera del temario de las sesiones extraordinarias y que la votación se realizó de madrugada, sin dictamen, sin debate ni publicidad. También acusan al oficialismo de haber negociado en secreto con el kirchnerismo en una sesión clave donde se discutía el Presupuesto 2026.