El Gobierno nacional propuso crear una comisión bicameral para acelerar el debate de la reforma del Código Penal. La idea es que Diputados y Senadores trabajen juntos en un único cuerpo, con el objetivo de unificar criterios, simplificar el proceso y evitar que cada cámara avance por separado.

Con esta herramienta, la Casa Rosada apunta a sancionar la reforma en las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre, junto con el Presupuesto 2026 y una reforma laboral.

Por qué se busca una comisión bicameral

Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permitirá reducir los tiempos legislativos y evitar trabas internas. La comisión funcionaría como espacio central para negociar el texto final y emitir un único dictamen que luego ambas cámaras deberían votar.

El oficialismo quiere evitar discusiones prolongadas y garantizar un debate más ordenado para una reforma que incluye cambios profundos en el sistema penal argentino.

Qué incluye la reforma del Código Penal

El proyecto propone penas más duras para delitos graves, como homicidios agravados, abuso sexual, narcotráfico, trata de personas, corrupción y terrorismo. También contempla la imprescriptibilidad de algunos delitos, la consolidación del sistema acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

Según la Casa Rosada, se trata de una actualización integral que busca modernizar el sistema penal y endurecer las sanciones para delitos violentos y organizados.

Los actores políticos que negociarán el texto final

En el Senado, las conversaciones serán lideradas por Patricia Bullrich. En Diputados, la negociación estará a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem. Además, el ministro del Interior, Diego Santilli, trabaja en acuerdos con gobernadores y bloques aliados para asegurar los votos necesarios.

El proyecto fue presentado semanas antes de las elecciones y confirmado públicamente por el Gobierno como una de sus prioridades legislativas para fin de año.

Lo que podría cambiar si la reforma avanza

Si la reforma es aprobada, se endurecerán las penas para los principales delitos, se implementarán cambios en la estructura de los procesos penales y se modificarán criterios históricos del sistema argentino. También se reforzará la actuación de fiscales bajo el sistema acusatorio y se alterará el tratamiento judicial de los menores imputables.

El Gobierno confía en tener los respaldos necesarios para avanzar con la comisión y acelerar la votación antes de fin de año.