El Gobierno impulsa la privatización de la Riccheri y más de 4400 km de rutas clave
El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la privatización de la red vial operada por Corredores Viales S.A. A través de la resolución 827, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se abrió la convocatoria a audiencias públicas para concesionar ocho tramos viales distribuidos en todo el país.
En total, están en juego más de 4400 kilómetros de rutas estratégicas, incluyendo accesos a puertos y corredores de alto tránsito.
Entre los trazados incluidos se destacan la autopista Riccheri, los tramos Ezeiza-Cañuelas y Newbery, y sectores de las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de accesos clave al sistema portuario del Paraná.
Audiencias en junio y agrupación por zonas
Las audiencias públicas, requisito fundamental para avanzar con licitaciones, se realizarán del 11 al 13 de junio en tres localidades bonaerenses: San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Allí se presentará la propuesta ante ciudadanos, organizaciones y autoridades de distintos niveles.
Los corredores fueron organizados en grupos según su ubicación: Acceso Sur, Sur, Atlántico, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Esta segmentación facilitará la adjudicación de cada tramo a concesionarios privados, como parte del proyecto "Red Federal de Concesiones - Etapa II".
Qué rutas se privatizarán y cómo será el proceso
El presidente Javier Milei había habilitado este proceso en febrero mediante el decreto 97, que autoriza la privatización de Corredores Viales S.A. El Ministerio de Economía está a cargo de la iniciativa, con el objetivo de disolver la empresa estatal una vez completada la adjudicación.
Actualmente, Corredores Viales gestiona más de 6000 kilómetros de rutas nacionales, abarcando un tercio del tráfico vial del país. Los tramos incluidos en esta nueva etapa atraviesan provincias como Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta, e involucran sectores de alto flujo como el Peaje Riccheri, conexión directa entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano.
Un proyecto con apoyos y cuestionamientos
Desde el Gobierno afirman que la medida busca mejorar la eficiencia, la conectividad y la inversión en infraestructura. Sin embargo, distintos sectores políticos y gremiales advierten sobre el posible impacto en el costo para los usuarios y en el control estatal de la calidad del servicio.
Quienes quieran participar en las audiencias públicas podrán inscribirse hasta el 9 de junio en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Vialidad:
argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional