El Gobierno habilitó a civiles a comprar fusiles semiautomáticos: qué dice la nueva resolución
El Ejecutivo de Javier Milei modificó una norma histórica y permitirá la tenencia de fusiles de uso civil condicional bajo control del RENAR. Solo podrán acceder quienes cumplan estrictos requisitos deportivos y de seguridad.
Un cambio histórico en la regulación de armas
El Gobierno nacional autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles que cumplan determinadas condiciones. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la antigua prohibición vigente desde los años noventa y establece un nuevo sistema de permisos bajo fiscalización del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad.
El nuevo régimen se aplica a usuarios con fines deportivos y a entidades de tiro, que ahora podrán acceder a armamento derivado de modelos militares, siempre que cumplan con controles más estrictos y justifiquen su uso.
Los requisitos para acceder al permiso
Para adquirir y tener fusiles semiautomáticos será necesario acreditar la identificación del arma (marca, modelo, calibre y número de serie), disponer de un sistema de guarda tipo G2 certificado, presentar una declaración jurada y justificar la solicitud con documentación probatoria.
Entre las condiciones más importantes, los interesados deberán:
Contar con al menos cinco años de antigüedad como legítimos usuarios de armas.
No poseer sanciones ni causas pendientes ante el RENAR.
Demostrar uso deportivo mediante certificaciones de entidades de tiro o participación en competencias nacionales o internacionales.
Abonar la tasa correspondiente, equiparable a la "Tenencia Exprés" y la Tarjeta de Consumo de Municiones vigente.
Qué cambia con la nueva estructura del RENAR
La resolución también redefine el marco institucional: la Agencia Nacional de Materiales Controlados vuelve a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que ahora depende directamente del Ministerio de Seguridad Nacional.
El RENAR tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, consolidando todas las normativas previas en un solo régimen.
Según el texto oficial, la reforma busca "reemplazar la prohibición general por un sistema de control más preciso y justificado en usos deportivos", aunque la medida ya despertó debate entre especialistas en seguridad por su posible impacto en la tenencia civil de armas en el país.