El Edificio Evita, ubicado sobre la emblemática avenida 9 de Julio en Buenos Aires, se encuentra en una encrucijada respecto a su futuro. Actualmente, alberga varias dependencias del Ministerio de Salud y la cartera de Capital Humano, pero su estado de deterioro y alto costo de mantenimiento han llevado al Gobierno a replantearse su utilidad. Aunque la idea de demolición fue discutida, no ha cobrado fuerza y, según fuentes oficiales, una decisión definitiva sobre el edificio se tomaría en 2025.

¿Qué opciones están sobre la mesa para el Edificio Evita?

El edificio, que data de 1936 y fue originalmente sede del Ministerio de Obras Públicas, enfrenta varios problemas estructurales. Ascensores fuera de servicio, sistemas de climatización obsoletos, y falta de mantenimiento en diversas áreas, como el subsuelo, han elevado los costos de su funcionamiento. Ante esta situación, el Gobierno considera tres opciones principales: vender el inmueble mediante una subasta, transformarlo en un complejo de viviendas o incluso cerrar por completo el edificio.

Una opción que ha cobrado interés es ofrecer el edificio a desarrolladores para la construcción de unas 400 viviendas. Esta propuesta buscaría optimizar el uso del espacio y ofrecer una solución habitacional en lugar de una demolición costosa, estimada en más de $1.370 millones. Para ello, el Gobierno planea abrir una licitación en la que las empresas constructoras puedan presentar sus proyectos.

El contexto político y económico detrás de la decisión

El debate sobre el futuro del Edificio Evita no solo está motivado por su estado físico, sino también por el contexto político y económico en el que se encuentra el Gobierno. En el marco de un proceso de revalorización de los recursos del Estado, el Ejecutivo ha comenzado a reubicar algunas dependencias y a desocupar espacios. En cuanto a la estructura misma, algunos cuestionan su tamaño excesivo para las funciones que cumple actualmente, lo que lleva a analizar opciones más eficientes y económicas.

Además, la controversia sobre el destino del edificio se inscribe en la "batalla cultural" impulsada por la actual administración, que ha retirado imágenes y símbolos vinculados al kirchnerismo en distintas dependencias estatales. Este movimiento también ha influido en las decisiones relacionadas con el uso de propiedades del Estado.