La administración de Javier Milei anunció una serie de modificaciones al régimen migratorio argentino que apuntan a endurecer los controles de ingreso y restringir beneficios para residentes extranjeros que se encuentren en situación irregular o temporal. Las medidas fueron difundidas por la Oficina del Presidente y buscan, según el Ejecutivo, "recuperar el orden y el sentido común".

Rechazo, expulsión y deportación: los ejes de la nueva política

Entre los cambios más relevantes se establece que:

Ningún extranjero con condena previa podrá ingresar al país, independientemente de la pena.

Quienes sean detectados ingresando por pasos fronterizos no habilitados serán expulsados de forma inmediata.

Aquellos que cometan delitos en Argentina, incluso con penas menores a 5 años, serán deportados, una medida que antes no se aplicaba para este tipo de casos.

Según el Gobierno, 1.700.000 personas habrían ingresado de forma irregular en las últimas dos décadas, producto de un sistema migratorio que calificaron como "desvirtuado" por gestiones anteriores.

Además del endurecimiento de los criterios de ingreso y permanencia, las medidas incluyen:

Cobro por servicios de salud pública a residentes transitorios, temporarios e irregulares.

Obligación de contar con seguro médico para ingresar al país.

Las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes. La educación primaria y secundaria continuará siendo gratuita para todos los residentes, sin distinción de nacionalidad.

Cambios en ciudadanía y residencia permanente

También se modificaron los requisitos para obtener la Carta de Ciudadanía Argentina, que ahora solo se otorgará a quienes:

Hayan residido legalmente durante al menos dos años en el país, o

Hayan realizado una inversión significativa en Argentina.

Para acceder a la residencia permanente, será obligatorio demostrar medios de vida suficientes y no tener antecedentes penales.