El Gobierno Nacional avanza con una estrategia de control total del calendario parlamentario para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante la primera quincena de febrero. Con el inicio de la segunda mitad de enero, el oficialismo dio por cerrado el esquema de trabajo en la Cámara alta, con fechas tentativas de sesión entre el martes 10 y el jueves 12 del mes próximo.

El movimiento se produce en paralelo a las recorridas provinciales del ministro del Interior, Diego Santilli, y a un escenario político atravesado por tensiones internas en el Ejecutivo y negociaciones de bajo perfil con bloques aliados. En ese contexto, La Libertad Avanza busca evitar sobresaltos y llegar al recinto con los votos necesarios previamente asegurados.

Comisión técnica y reclamos opositores

El primer paso del cronograma se activa desde este lunes con el funcionamiento de una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes. Ese ámbito será el encargado de recopilar y ordenar los pedidos de modificaciones y observaciones planteadas por la denominada oposición dialoguista, además de los reclamos acercados por la CGT.

Mientras los gremios intentan incidir en el texto desde canales informales, el kirchnerismo permanece al margen de la discusión, una ausencia que ya genera incomodidad en otros espacios peronistas con representación en el Senado, que observan cómo se desarrolla el debate sin participación activa del principal bloque opositor.

Extraordinarias y negociación política

Para avanzar con la ley, el Ejecutivo deberá convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias. Aunque en la Casa Rosada se analizó la posibilidad de hacerlo desde el 26 de enero, fuentes parlamentarias indicaron que el llamado podría concretarse finalmente a partir del lunes 2 de febrero y extenderse hasta fines de ese mes.

El cronograma se superpone con la apertura de sesiones ordinarias: el 1 de marzo, el presidente Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar el período legislativo que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

A partir del lunes 26 de enero, Patricia Bullrich comenzará una ronda de reuniones cara a cara con senadores de la oposición dialoguista. No se esperan definiciones políticas de peso hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero, cuando el oficialismo busque cerrar acuerdos clave.

Los números en el Senado

Bullrich conduce un interbloque de 21 senadores. Para habilitar el recinto se requieren 37 legisladores, por lo que La Libertad Avanza necesita sumar apoyos externos. La mira está puesta en la UCR, que cuenta con 10 bancas; el PRO, reducido a tres senadores; y representantes provinciales que no siempre responden de manera directa a los gobernadores.

Desde al menos un espacio del interior ya adelantaron su acompañamiento al proyecto, un gesto que, según admiten en el oficialismo, responde tanto al contenido de la reforma como a acuerdos políticos previos que se mueven por debajo del radar mediático.

Una vez incorporados los cambios al dictamen de mayoría firmado en diciembre, el desafío del Gobierno será ordenar la sesión para evitar errores en la explicación de las modificaciones, tanto en la votación en general como en la discusión artículo por artículo. Esa tarea quedará bajo la conducción directa de Bullrich, que además será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

"Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como de la UCR. Estamos trabajando con calma; en este tipo de leyes hay que mirar la película completa y no la foto que intenta imponer el kirchnerismo", señaló a este medio un actor central de la negociación.

Una alerta interna en el Senado

En medio del armado legislativo, una decisión administrativa encendió alertas en el Congreso. El prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, Manuel Ignacio Chavarría, fue designado recientemente como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Si bien el nombramiento no presenta objeciones formales, generó fuerte malestar que el funcionario haya solicitado una licencia "ad honorem" en lugar de renunciar a su cargo en la Cámara alta.

La situación implica que Chavarría mantendría contratos, personal a cargo y chofer del Senado, un esquema que puertas adentro del Congreso califican como inviable y que suma ruido a un escenario político que el oficialismo intenta mantener bajo control mientras acelera la reforma laboral.