Después de que el Gobierno anunciara la declaración de la emergencia pública en materia ferroviaria, la medida se oficializó mediante la publicación del Decreto 525/2024 en el Boletín Oficial. De esta manera, se determinó que el presupuesto destinado al sistema ferroviario argentino se utilice para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la administración de los servicios ofrecidos.

Como resultado de un acuerdo general entre el presidente Javier Milei y los ministros, se estableció que la medida tenga una duración de 24 meses, comenzando el 13 de junio de 2024. Sin embargo, se confirmó que este plazo podría extenderse por otros dos años si fuera necesario, según lo determinen el Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte, que actúa como autoridad de aplicación.

Antes de decretar la emergencia, el Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, ya habían planificado el decreto debido a "la delicada situación" del servicio, según informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Estos informes revelaron una gestión y planificación ineficaz de las contrataciones para el mantenimiento del material rodante, lo que ha llevado a una disminución significativa de formaciones en servicio y, consecuentemente, de las frecuencias.

Además, se señaló que la alteración en los planes de mantenimiento e inversiones ha afectado directamente la prestación de los servicios ferroviarios. La mayor cantidad de descarrilamientos se ha registrado en el transporte de cargas, debido al mal estado de la infraestructura. El Gobierno también indicó que la deuda heredada de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado ha puesto en riesgo la calidad del servicio, las fuentes de trabajo y las condiciones laborales.

Por esta razón, se considera fundamental que los fondos públicos se orienten hacia maximizar las inversiones y recursos para un servicio ferroviario eficiente y seguro. El Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 para fortalecer el sistema ferroviario nacional, de los cuales $350.000.000.000 se incluirán en el presupuesto 2024. Sin embargo, estos fondos solo podrán utilizarse para proyectos aprobados.

Las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria tienen un plazo de quince días para presentar propuestas que consideren indispensables y urgentes para mejorar la seguridad operativa del servicio de transporte de cargas y pasajeros.

Asimismo, se autorizó a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a cancelar contratos tercerizados que no se ajusten al plan de acción que deberá trazar Mogetta y su equipo. También se habilitó la opción de negociar deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023 con empresas contratadas anteriormente y en la actualidad.

Las entidades mencionadas tendrán la facultad de atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y firmar contratos necesarios para colaboraciones operativas y de gestión de infraestructura. Las autoridades buscarán administrar los fondos de manera más ágil y eficiente.

Fuentes oficiales indicaron que el sector ferroviario ha experimentado un gran desmanejo, con pérdidas de 4.300 millones de dólares el año pasado. Debido a esta situación financiera complicada, se podría considerar la privatización del servicio.