El escándalo por las contrataciones irregulares en la Secretaría de Niñez y Familia, que resultó en la salida de Pablo de la Torre y la denuncia de supuesta corrupción por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha reavivado la discusión sobre lo que ocurre en el Ministerio de Justicia con la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). Según informó Clarín la semana pasada, esta asociación tiene contratada a más de la mitad de los empleados del área y paga sobresueldos a unos 70 agentes bajo el concepto de "incentivos".

El gobierno de Javier Milei está elaborando un plan para desmantelar este sistema millonario que, según diversas fuentes, ha beneficiado tanto al kirchnerismo como a otros sectores de la política. Los fondos que se gastan sin el control de la AGN o la SIGEN superan los 140 millones de dólares anuales.

Altas fuentes oficiales confirmaron que el gobierno se ha propuesto eliminar completamente este sistema para 2025, con la intención de que los fondos de los trámites de compraventa de vehículos y otros realizados en los registros del automotor de todo el país se incorporen al presupuesto nacional. Desde Balcarce 50, se confió que el objetivo del Presidente es que para 2025 estos fondos ingresen al presupuesto nacional.

"No se puede hacer de un día para otro, porque es un sistema complejo y oscuro que ha funcionado durante casi 40 años, desde la época de Alfonsín, y está diseñado para que ningún ministro de Justicia quiera y pueda desmontarlo sin perder personal; pero la idea es cambiarlo y Mariano Cúneo Libarona está trabajando en un plan con Milei. La fecha es 2025", afirmó una fuente confiable.

Antes del revuelo por los contratos en Capital Humano, el tema fue discutido en la reunión de Gabinete del martes. Cúneo Libarona tuvo una reunión clave con el titular de ACARA, Sebastián Beato. El ministro le comunicó que la administración del ente debía reducir su porcentaje de recaudación del 5% al 3.5% y que habría un fuerte recorte en la nómina de contratos, muchos de los cuales ni siquiera ACARA sabe qué función cumplen en el Ministerio.

Según el último dato oficial, el Ministerio de Justicia tiene 2.483 empleados contratados a través de ACARA, quienes no están sujetos al control de ingreso biométrico. Esta cifra contradice las declaraciones de Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, quien afirmó que los contratados eran casi el doble, unos 4.800 empleados.

La reducción de honorarios y de la plantilla no parece inquietar demasiado a Beato, quien tampoco parece preocupado por las indemnizaciones que eventualmente se deberán pagar a quienes fueron contratados sin plazo y están en relación de dependencia con ACARA.

Una de las preocupaciones de ACARA es la auditoría técnica exhaustiva que Cúneo Libarona podría llevar a cabo sobre los gastos realizados durante la gestión kirchnerista. En el ente se realizaron contrataciones insólitas, alejadas de las funciones del Ministerio, incluyendo convenios millonarios con universidades, alquileres de inmuebles y vehículos de uso no registrado, y pagos a proveedores fantasma. Justicia y Capital Humano ya están cruzando datos sobre estos gastos exorbitantes.

Otro temor en ACARA es que el gobierno derogue por decreto las leyes 23.283 y 24.312, que permiten a la asociación operar con provincias y municipios mediante convenios similares al que tiene con la Nación. Según fuentes del sector, la recaudación por estos acuerdos superaría ampliamente los ingresos por el negocio con la Nación.

Un relevamiento de Clarín reveló que ACARA tiene más de dos decenas de acuerdos con grandes distritos como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, y con distritos más pequeños como Azul, variando los servicios desde formularios hasta la interconexión de bases de datos de multas y antecedentes de tránsito. Según admitieron fuentes oficiales, ACARA se lleva hasta el 10% de lo recaudado por el pago de multas en los registros, aunque muchos de estos servicios podrían ser realizados por los propios Estados.