El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que, tras un exhaustivo control, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que se habían otorgado de forma irregular en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja 8.107 pensiones de personas fallecidas y 10.038 por renuncias voluntarias. Este proceso busca asegurar que las pensiones se entreguen solo a quienes realmente cumplen con los requisitos.

Fraudes detectados y comparación internacional

Entre los casos detectados figuran documentos médicos repetidos, como radiografías y ecocardiogramas idénticos presentados en múltiples expedientes, incluso desde provincias como Tucumán y Chaco. El vocero destacó que esta problemática no es nueva y mencionó un estudio donde una misma radiografía de hombro se usó para 150 pensiones diferentes. En comparación, la población activa con pensión por discapacidad en Argentina es del 4,6%, superior al 3,5% de Israel, un país en conflicto bélico constante, lo que pone en perspectiva la magnitud del sistema.

Rechazo político y el impacto económico

El Gobierno criticó duramente el rechazo de Diputados al veto presidencial sobre la ley que aumenta el presupuesto para pensiones por discapacidad, señalando que el sistema actual estuvo marcado por corrupción y desvío de fondos. Según el Ejecutivo, estas suspensiones representan un ahorro mensual de aproximadamente 35 mil millones de pesos. Sin embargo, la ley vetada implica un incremento presupuestario millonario para 2025 y 2026, sin considerar el impacto adicional en la cobertura médica para beneficiarios.