En la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, previsto para este miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la marcha convocada por la CGT en rechazo a la iniciativa del oficialismo.

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva anticipó un fuerte operativo de fuerzas federales y un vallado estricto en zonas sensibles como Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso, con el objetivo de evitar disturbios y garantizar la libre circulación.

La CGT mide su poder de convocatoria

La manifestación, que sumó adhesiones de distintos gremios y organizaciones, servirá también para medir la capacidad de movilización del sindicalismo. Desde la central obrera advirtieron que, si no obtienen respuestas, avanzarán con la convocatoria a un paro nacional.

Los gremios cuestionan varios puntos del proyecto, entre ellos la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, la implementación de un banco de horas y lo que consideran una limitación a la autonomía sindical.

El oficialismo defiende la reforma

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a modernizar el mercado laboral en un contexto donde la informalidad ronda el 40%. Sin embargo, desde la CGT remarcan que cualquier modernización debe ampliar derechos y no recortarlos.

El dirigente Cristian Jerónimo criticó la falta de instancias de diálogo previas y pidió a los gobernadores que no acompañen el proyecto con el voto de sus senadores.

Se suman docentes y gremios educativos

En las últimas horas, los gremios docentes universitarios nucleados en CONADU confirmaron su participación en la marcha y anunciaron un plan de lucha. También la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó a un paro docente para el miércoles 11 de febrero y adelantó que se sumará a la protesta.