El Gobierno nacional presentó una apelación contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley de financiamiento universitario. La decisión apunta a revertir el fallo judicial que ordenó aplicar la norma mientras se define el fondo de la cuestión.

Desde el Ejecutivo sostienen que la resolución judicial interfiere en decisiones de política pública y buscan que una instancia superior revise lo dispuesto.

Qué establece la medida cuestionada

La cautelar había sido dictada para que el Estado avanzara con la aplicación de la ley, que prevé fondos específicos para las universidades públicas. El fallo surgió tras presentaciones judiciales que reclamaban garantizar el financiamiento del sistema educativo superior.

A partir de esa resolución, el Gobierno quedó obligado a ejecutar medidas vinculadas al presupuesto universitario, lo que motivó la reacción oficial y la posterior apelación.

La postura del Ejecutivo

En el planteo judicial, el Gobierno argumenta que la implementación de la norma implica decisiones presupuestarias y administrativas que, según su mirada, no deberían quedar sujetas a una orden cautelar. Por eso busca que se suspenda el alcance del fallo mientras avanza el proceso judicial.

La estrategia oficial apunta a ganar tiempo y evitar que la medida tenga efectos inmediatos hasta que haya una resolución definitiva.

Un conflicto que suma tensión política

El financiamiento universitario se convirtió en uno de los temas más sensibles del debate público en los últimos meses. La discusión enfrenta al Gobierno con sectores académicos, rectores y estudiantes que reclaman garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones.

La apelación abre una nueva etapa en el conflicto, que ahora se traslada al terreno judicial y mantiene en suspenso la aplicación de la ley hasta que se defina cómo continúa el proceso.