El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes implementado durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. 

En su resolución, el magistrado sostuvo que la Resolución 943/23 es ilegítima y carece de los requisitos necesarios para ser considerada un acto administrativo válido, al no cumplir con los elementos exigidos por la normativa vigente. Además, señaló que las personas afectadas por la aplicación del protocolo pueden realizar denuncias individuales ante la Justicia penal por la actuación de las fuerzas de seguridad.

La reacción del Gobierno y el anuncio de la apelación

Luego del fallo, el Gobierno confirmó que apelará la decisión judicial. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó su postura a través de un mensaje en la red social X: "Sin protocolo no hay orden, hay caos".

La funcionaria aseguró que la resolución judicial responde a sectores de la "vieja política" y remarcó que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. "No vamos a dar un paso atrás. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que devolvió el orden y la tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", afirmó.

Desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad también ratificaron la apelación y sostuvieron que el protocolo es legítimo y se seguirá defendiendo como parte de una política de "ley y orden".

Las críticas del CELS y referentes sindicales

El CELS celebró el fallo y destacó que la sentencia "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer" al señalar que no puede restringir derechos constitucionales mediante una resolución administrativa. Según el organismo, el juez consideró que el protocolo excede sus atribuciones al modificar de hecho normas penales, procesales y orgánicas de las fuerzas de seguridad.

En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución" y calificó el fallo como un avance contra la represión. Además, afirmó que la decisión judicial pone un freno al autoritarismo del Gobierno y cuestionó que la Justicia no haya actuado antes, lo que -según indicó- podría haber evitado cientos de heridos en manifestaciones.

La última aplicación del protocolo antipiquetes había sido en diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, y aún existen causas judiciales en curso vinculadas a su implementación.