En el marco del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", el titular de ARCA, Juan Pazo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaron un ambicioso paquete de medidas que busca reducir la burocracia fiscal y devolver la confianza a los contribuyentes. Entre los puntos centrales, se destacan la eliminación de regímenes informativos y una fuerte suba en los montos mínimos que los bancos y comercios deben reportar a ARCA.

Adorni sintetizó el espíritu de los cambios con una frase: "Tus dólares, tu decisión", en clara alusión a la intención oficial de proteger los ahorros privados y promover la formalidad sin persecución.

Qué cambia con las nuevas medidas

1. Fin de los controles masivos

Se derogaron normativas que obligaban a informar operaciones como:

Compras con tarjeta o billetera virtual.

Compraventa de autos usados.

Pagos de expensas desde $32.000.

Publicación de propiedades en venta.

Consumos de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía).

Además, los bancos ya no podrán exigir la declaración de Ganancias o Bienes Personales para operar. Si insisten, los usuarios podrán recurrir a Defensa del Consumidor.

2. Nuevos umbrales de información

El límite para reportar operaciones se elevó significativamente:

Transferencias bancarias: ahora se informan desde $50 millones (personas físicas) y $30 millones (jurídicas).

Plazos fijos: desde $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

Compras del consumidor final: hasta $10 millones sin necesidad de informar identidad.

Tenencias en sociedades de bolsa: solo desde $100 millones (físicas).

3. Régimen simplificado de Ganancias

Desde junio, se podrá adherir a un nuevo esquema que reemplaza la declaración patrimonial por un modelo basado solo en facturación e ingresos deducibles. ARCA propondrá una liquidación automática que el contribuyente podrá aceptar o modificar.

4. Enfoque en grandes contribuyentes y reforma legal

La nueva estrategia apunta a perseguir la informalidad de mayor escala. Además, se anunció el envío de un proyecto de ley para blindar los ahorros frente a eventuales cambios de gobierno o normativas tributarias futuras.