El Gobierno nacional confirmó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas, tras la muerte de un soldado del Ejército que cumplía funciones de vigilancia en la Quinta de Olivos. La decisión fue ratificada por altas fuentes del Ejecutivo y apunta a profundizar los mecanismos de evaluación y seguimiento ya existentes, sin reemplazarlos.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, por ejemplo, los controles son anuales y se complementan con evaluaciones especiales ante situaciones particulares, un esquema similar al que rige en el Ejército y la Armada.

Refuerzo del acompañamiento psicológico y revisión de destinos sensibles

Desde el Ministerio de Defensa analizan incorporar instancias adicionales de seguimiento psicológico, con especial énfasis en la detección temprana de situaciones de riesgo. El foco estará puesto en los efectivos que prestan servicio armado en entornos de alta exigencia, como la custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.

La evaluación contempla reforzar el rol de los servicios de sanidad militar y actualizar los criterios de aptitud para determinados destinos. En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el abordaje será integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar todas las variables que inciden en su bienestar.

Salarios, obra social y la investigación judicial en curso

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, con el objetivo de completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó parcialmente pendiente. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que no hay fechas ni definiciones formales y que cualquier ajuste deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

También se analiza una reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de la preocupación por las condiciones laborales y sanitarias del personal.

La investigación judicial por la muerte del soldado Rodrigo Gómez continúa a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, que conduce Sandra Arroyo Salgado. La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro, en conjunto con la PFA. Desde el Gobierno aseguran estar a disposición de la Justicia mientras crece la preocupación en el Ejecutivo por la situación de los soldados que cumplen tareas de vigilancia en el entorno presidencial.