El Gobierno acelera la privatización de cuatro represas clave y genera expectativas entre inversores extranjeros
El Gobierno publicará esta semana los pliegos para licitar la operación de cuatro represas hidroeléctricas cuyos contratos vencieron en 2023; el proceso genera interés de empresas locales y extranjeras.
El Ejecutivo nacional avanza con la reprivatización de las represas Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita, responsables del 10% de la generación eléctrica del país. El próximo 7 de mayo se publicarán los pliegos de licitación para reactivar el proceso de concesión que, tras varias prórrogas, busca atraer inversiones nacionales e internacionales en el marco de la denominada "fase 3" del plan económico.
La iniciativa genera expectativas en empresas que ya operan en el sector como AES, Central Puerto, Enel y Aconcagua Energía, así como en potenciales nuevos jugadores como YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y MSU. Incluso, trascendió el interés de firmas internacionales como Total Energies y consorcios chinos, aunque su participación dependerá de las condiciones del concurso.
Sin embargo, fuentes del sector energético advierten que los borradores de licitación podrían desalentar inversiones extranjeras por contener cláusulas poco competitivas. Entre ellas, se contempla un precio regulado para el 95% de la energía generada, con un valor inicial de US$14 por MWh, muy por debajo del costo real de generación estimado en US$70. Además, recién en el año 11 del contrato las empresas podrían comercializar el 50% de la energía en el mercado libre. A esto se suma que el mecanismo de actualización del precio regulado estaría atado al dólar, sin contemplar la inflación estadounidense, lo que afectaría la rentabilidad a largo plazo.
Las represas involucradas se encuentran en las provincias de Neuquén y Río Negro, que tienen plazo hasta este martes para revisar los términos del llamado a licitación. Las centrales fueron administradas por 30 años bajo concesiones que vencieron en agosto de 2023 y ahora serán objeto de una nueva adjudicación bajo el esquema diseñado por el decreto 718/2024.