El Gobierno confirmó que presentará ante la Justicia, antes de fin de año, la auditoría que investiga las contrataciones y compras dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde Nación aseguran que el informe que será entregado al juez Sebastián Casanello "está avanzado" y que ya hubo intercambio de documentación con los investigadores.

Los equipos del interventor Alberto Vilches revisan desde hace meses los procesos administrativos vinculados a la compra de medicamentos. Detectaron facturas que no estaban cargadas en portales públicos ni tenían trazabilidad dentro del Ministerio de Salud, así como posibles sobreprecios y contrataciones irregulares, en línea con los indicios ya relevados por la causa judicial.

Negaciones en Casa Rosada y el rol de los funcionarios citados

En Balcarce 50 buscan despejar toda sospecha en torno a las menciones indirectas a Karina Milei en la investigación. Aseguran que "no hay preocupación" por los llamados a declaración del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ni por el exdirector Daniel Garbellini. "A Karina no la mencionan, es una inferencia. Queremos que avance la Justicia", remarcan.

También desestiman que las anotaciones "KM, SC, ML, PAMI y CZ" halladas en cuadernos durante los allanamientos estén vinculadas a un esquema de corrupción. Según el Gobierno, responderían a cambios operativos en el sistema de compras.

La próxima funcionaria citada a declarar es Lorena Di Giorno, quien deberá presentarse el 28 de noviembre.

Cambios en el esquema de compras y sospechas sobre droguerías

El Ejecutivo planea modificar el sistema de contratación de la ANDIS una vez concluida la auditoría y mientras avanza el expediente judicial, iniciado tras la filtración de audios en los que Spagnuolo denunciaba presuntas coimas. La idea es eliminar la intermediación de droguerías y avanzar hacia compras directas a laboratorios, aunque admiten que será "un proceso largo" por los costos administrativos y legales que implica.

La investigación apunta a posibles direccionamientos de millonarios contratos y pedidos de coimas. Al menos cuatro droguerías -Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta- figuran señaladas por indicios de beneficios sistemáticos. Toda esa documentación deberá quedar reflejada en el informe final que el Gobierno se comprometió a enviar antes de fin de año.