El concejal Leandro Argañaraz no dudó en calificar como "un escándalo" la ordenanza aprobada en Tucumán que regula la venta ambulante de achilatas. En su visita a Enterate Play, Argañaraz manifestó su preocupación por la obligatoriedad de la sindicalización que establece la normativa. Para él, el problema no está en si la achilata es un bien cultural de la provincia, sino en que el proyecto delega el control de la venta ambulante a un sindicato, lo que pone en riesgo la posibilidad del Estado de regular adecuadamente la actividad en la vía pública.

"La municipalidad ya tiene herramientas para controlar esta actividad", aseguró el concejal, quien además cuestionó que la normativa imponga cuotas sindicales obligatorias para los vendedores ambulantes.

El rol de los sindicatos: ¿Protección o coerción?

El debate se intensificó cuando se tocó el tema de la sindicalización obligatoria. Argañaraz destacó que muchos trabajadores no tienen otra opción que recurrir a la venta ambulante como una forma de subsistencia, y que imponerles una cuota sindical no hace más que cargarlos con gastos adicionales sin una verdadera mejora en sus condiciones laborales.

"El sindicato no puede ser el responsable de representar a trabajadores que no tienen una patronal", expresó el concejal, refiriéndose a la naturaleza autónoma de los vendedores ambulantes. Para él, la obligatoriedad de unirse a un gremio solo beneficiaría a los líderes sindicales, no a los trabajadores.

¿Es la municipalidad el organismo adecuado para regular?

El concejal también se mostró crítico con la falta de control bromatológico en los puestos de venta de achilatas. Si bien reconoció que la venta de estos productos no exige controles estrictos, sugirió que la municipalidad tiene las herramientas para implementar un sistema de monitoreo sanitario que garantice la seguridad de los consumidores.

"Hoy la municipalidad tiene la capacidad para realizar esos controles, pero parece que no se prioriza el bienestar del trabajador ni del consumidor", aseguró Argañaraz, quien destacó que la solución pasa por fortalecer el control estatal, sin necesidad de involucrar al sindicato.

En definitiva, el debate sobre la ordenanza de la achilata sigue siendo candente. Mientras algunos defienden la idea de regularizar la situación de los vendedores ambulantes, otros cuestionan la injerencia del sindicato en un asunto que debería ser tratado exclusivamente por el Estado. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la formalización laboral y la autonomía de los trabajadores? El tiempo dirá si el proyecto realmente beneficia a los vendedores de achilatas o si, por el contrario, termina siendo una carga más para quienes luchan por ganarse la vida en la informalidad.