El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encendió una nueva alarma sobre el impacto social del ajuste del Gobierno. En un informe publicado esta semana, denunció que desde el inicio del mandato de Javier Milei, sólo el 8% de las políticas de cuidado siguen vigentes, y que 2.866.000 personas perdieron al menos un derecho que antes recibían.

De las 50 políticas nacionales de cuidado, apenas cuatro continúan activas, según explicó Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS. "Las que sobreviven están ligadas a transferencias directas como la AUH o la Asignación por Embarazo, pero son totalmente insuficientes", indicó.

Jubilados, personas con discapacidad y niñez, entre los más afectados

El informe refleja también los reclamos constantes de jubilados, quienes denuncian que deben "elegir entre comer o medicarse". Con la eliminación de la moratoria previsional y la pérdida de cobertura de medicamentos del PAMI para 800.000 personas mayores, la situación es crítica.

Respecto a las personas con discapacidad, el recorte en ANDIS se tradujo en un aumento del 75% en los rechazos de pensiones y la revocación de 56.000 beneficios. El CELS advirtió que los trámites son cada vez más complejos y que las prestaciones se reducen sin justificación clara.

Desarme de políticas de igualdad y alerta por retrocesos en derechos sexuales

El estudio también denuncia el desfinanciamiento de programas de educación sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la desarticulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Esto reproduce desigualdades estructurales a largo plazo", señaló de la Vega.

Asimismo, se eliminaron los cupos laborales para personas travestis y trans, y las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero. También se declaró la emergencia en relación a las mujeres rurales, que quedaron fuera de toda contención estatal.