La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que la República Argentina debe transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes del caso por la estatización de la petrolera en 2012. La medida fue comunicada públicamente por el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.

El fallo responde a la demanda impulsada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía y de IEASA (ex Enarsa). Ambos reclaman una millonaria compensación por presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual el Estado argentino expropió las acciones que estaban en manos de la española Repsol.

Qué implica la decisión y qué impacto tuvo en el mercado

La orden judicial implica que Argentina deberá ceder su participación mayoritaria en YPF, actualmente bajo control estatal. La medida, aunque aún sujeta a apelaciones, representa un hito en uno de los juicios más sensibles de los últimos años vinculados a la política energética del país.

La reacción del mercado no se hizo esperar: las acciones de YPF cayeron más del 6% en Wall Street tras conocerse el fallo, reflejando la preocupación de los inversores por el futuro de la compañía y las posibles consecuencias económicas y políticas para el país.

El trasfondo del caso y los próximos pasos

El conflicto se originó en 2012 cuando el gobierno argentino, en ese entonces liderado por Cristina Fernández de Kirchner, avanzó con la nacionalización del 51% de YPF sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como exige el estatuto de la compañía. Esa omisión fue el eje del reclamo judicial que hoy se traduce en una posible pérdida del control estatal sobre la empresa.

Aunque la jueza Preska ya falló en otras instancias en contra de la Argentina, esta orden concreta de transferencia accionaria profundiza el conflicto. Se espera que el Estado argentino apele el fallo, mientras la tensión legal y financiera en torno a YPF continúa escalando.