Un contrato directo por casi US$80 millones firmado entre la empresa estatal Educ.ar S.E. y OCP Tech S.A., propiedad del empresario argentino radicado en Estados Unidos Leonardo Scatturice, quedó en el centro de una creciente controversia institucional, administrativa y política.

El acuerdo, destinado a renovar más de 223.000 licencias Cisco Meraki para brindar conectividad a escuelas públicas del país, fue suscripto el 10 de octubre de 2024 por el gerente general de Educ.ar, Matías Hanono, mientras el entonces interventor, Eduardo González, se encontraba de licencia formal. El monto total: US$78.650.000, a pagar en dos cuotas.

Firma en ausencia y cuestionamientos

La intervención en Educ.ar estaba a cargo de González desde julio de 2024. Entre el 7 y el 13 de octubre de ese año, el funcionario se tomó licencia y delegó únicamente la firma para asuntos administrativos sin implicancias patrimoniales en Hanono, según consta en una resolución interna.

Pese a esas restricciones, durante ese período se firmó el contrato con OCP Tech, empresa que desde 2017 actúa como canal autorizado por Cisco Systems Argentina S.A. para proveer licencias a Educ.ar. La decisión fue tomada en un contexto de apuro administrativo: las licencias vigentes expiraban en noviembre de 2024.

El 23 de octubre de ese año, los síndicos de la empresa estatal enviaron una carta a González recomendando anular el contrato y llamar a una licitación pública. Ese documento fue elevado a la Sindicación General de la Nación (Sigen) y, según confirmó LA NACION, fue eliminado del expediente oficial digital.

El procedimiento también había sido objetado por la Sigen, que en ese momento estaba dirigida por Miguel Blanco, quien junto a González fue desplazado de su cargo semanas más tarde.

Ratificación posterior y pagos acelerados

Tras la salida de González, el ingeniero Gastón Mariano Martín asumió la intervención de Educ.ar el 1 de noviembre de 2024. El 14 de ese mes, emitió un informe interno avalando la legalidad del contrato. Finalmente, el 19 de noviembre, se ratificó formalmente la adjudicación y se emitió la Orden de Compra N° 00001-00018926.

Aunque el contrato establecía que el 40% del monto total (US$31,4 millones) debía abonarse 30 días después de la activación de las licencias, la primera orden de pago fue emitida el 20 de noviembre, apenas un día después de la orden de compra. La certificación técnica definitiva de la activación se registró el 13 de diciembre, casi tres semanas más tarde.

Justificación técnica y aumentos de precio

El argumento central para evitar una licitación fue la exclusividad de OCP Tech como revendedor autorizado de Cisco, avalada por un dictamen de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del 8 de octubre de 2024. El informe sostuvo que cambiar de proveedor implicaría reemplazar toda la infraestructura tecnológica instalada desde 2017, lo que demandaría tiempo, recursos y una curva de aprendizaje operativa compleja.

Sin embargo, otras dos empresas -Dinatech S.A. y DTE S.A.- fueron consultadas informalmente y habrían estado en condiciones de proveer el servicio.

El informe del interventor Martín también reconoció un incremento de precios promedio del 30,6% respecto a la contratación de 2021, con alzas por encima del 40% en algunos productos. Además, el descuento general aplicado por Cisco (72,6%) fue inferior al del contrato anterior, lo que contribuyó al aumento del valor final.

Entre los factores señalados que encarecieron el acuerdo figuran el nuevo impuesto PAÍS del 25%, costos de transferencias internacionales y reducción de beneficios comerciales del fabricante.

Perfil del empresario y entorno político

Leonardo Scatturice, titular de OCP Tech, mantiene vínculos directos con el entorno del expresidente estadounidense Donald Trump y con el asesor presidencial argentino Santiago Caputo. En los últimos meses adquirió acciones mayoritarias de la aerolínea Flybondi y fue mencionado en febrero tras el aterrizaje en Aeroparque de un avión privado de su propiedad, en un episodio en el que el equipaje no fue revisado por Aduana.

El contrato con Educ.ar lo vincula ahora con una operación pública multimillonaria, gestionada con discrecionalidad y bajo condiciones poco transparentes, según cuestionamientos internos que todavía no fueron respondidos oficialmente.