La historia se remonta a 1947, cuando Mario Sackman y otros propietarios realizaron una donación de tierras al Superior Gobierno de Tucumán bajo el amparo de la Ley de Ejidos. El objetivo de esa cesión era claro: permitir el desarrollo del loteo "Los Lapachos" en Yerba Buena y destinar un terreno, identificado con el Padrón 183460 (Lote 22), a la construcción de edificios públicos.

Sin embargo, en 2004 se presentó una denuncia contra el entonces ministro y actual fiscal general Edmundo Jiménez, acusado de haber usurpado esa propiedad lindante a un inmueble de su propiedad sobre calle Lola Mora. La causa derivó en el expediente "Provincia de Tucumán c/ Barugolo de Arrieta Antonia y otros s/ reivindicación" (N° 2571/04), donde el Estado provincial reclamaba la restitución del terreno.

Expedientes irregulares y movimientos "en mano"

De acuerdo con consultas realizadas al Sistema de Gestión Documental, SIGEDOC, los dos expedientes administrativos iniciados por la denuncia de 2004 habrían sido tramitados "en mano", es decir, sin dejar registro informático de sus movimientos. Esta irregularidad llamó la atención de funcionarios que investigaron el caso años después, ya que dificultó el seguimiento documental de las actuaciones administrativas vinculadas a la propiedad.

La demanda se dirigía principalmente contra Antonia Barugolo de Arrieta, quien en 1994 había solicitado ante la Dirección General de Catastro la aprobación de un Plano de Mensura para Información Posesoria, un paso previo a reclamar la prescripción adquisitiva. Pero en 2004, Catastro anuló dicho plano, argumentando que el terreno "ya tiene antecedentes de usurpación" y que, por haber sido adquirido por la Provincia bajo la Ley de Ejidos, "configura estado de utilidad pública y, por lo tanto, es imprescriptible".

Un juicio paralizado durante 14 años

A pesar de esa resolución, el juicio avanzó con extrema lentitud. Entre 2004 y 2018 no registró movimientos significativos, hasta que recién ese año comenzó a reactivarse. En 2021, el entonces Ministro Público Fiscal, amparado en su prerrogativa de testimoniar por escrito, presentó un escrito en apoyo a la adquisición de la señora Barugolo de Arrieta por prescripción adquisitiva.

Lo más llamativo es que, ese mismo año, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó al tribunal que desde 2012 el servicio de agua del inmueble estaba a nombre de Edmundo Jiménez.

Un predio unificado y de uso privado

Una observación actual a través de imágenes satelitales (Google Maps) muestra que el lote perteneciente a Jiménez y el terreno público colindante ya no están divididos por medianera, sino que forman un solo predio. En ese espacio funciona un emprendimiento denominado "Lola Mora Cultural", que se presenta como un centro de actividades culturales, aunque su uso es de carácter privado.

La situación reaviva las sospechas sobre la fusión de un terreno del Estado con una propiedad privada y sobre el posible uso indebido de bienes públicos en Yerba Buena. A dos décadas de la denuncia original, la causa Lola Mora vuelve a despertar interrogantes sobre los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder.