El proceso judicial contra Edgardo Kueider e Iara Guinsel ya tiene día confirmado: comenzará el 20 de abril de 2026 en Paraguay. La causa, que investiga un intento de contrabando de USD 200 mil, iba a comenzar el 24 de noviembre de este año, pero la defensa presentó recursos que demoraron el inicio.

Primero, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos rechazó un planteo formal presentado por los abogados. Pero una apelación posterior obligó a fijar una nueva fecha, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente.

La pareja fue detenida el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad cuando intentaba ingresar a Paraguay desde Brasil. En su vehículo encontraron dólares, pesos argentinos y guaraníes. Desde entonces, cumplen prisión domiciliaria.

La acusación y la pena en juego

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa a ambos por contrabando en grado de tentativa, al haber sido "hallados en flagrancia movilizando dinero sin documentación legal". El delito está contemplado en el Código Aduanero paraguayo y puede implicar una pena de hasta dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a 24 meses implica prisión efectiva.

El caso también está vinculado a la extradición solicitada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider por presunto lavado de dinero vinculado al caso Securitas. La Fiscalía paraguaya dictaminó que ambos pueden ser enviados a la Argentina una vez concluido el juicio por contrabando.

Disputa judicial en Argentina y tensiones políticas

En paralelo, la investigación por enriquecimiento ilícito y delitos conexos generó una puja de competencia entre Arroyo Salgado y el juez de Garantías de Concordia, Ives Bastián. El conflicto llegó a la Corte Suprema, que recién se expedirá en 2026.

Desde la defensa, el abogado Juan Martín Cerolini dijo que no les interesa quién quede a cargo, aunque en el entorno del exsenador admiten que prefieren que la causa avance en San Isidro. Allí se analizan sus movimientos entre 2015 y 2019, mientras que en Concordia el período investigado abarca desde 1999.

Kueider sostiene que es víctima de una persecución política por haber apoyado la Ley Bases. En ese relato, apunta contra el fiscal federal Fernando Domínguez, a quien vincula con Justicia Legítima. Sin embargo, colegas del funcionario lo describen como "íntegro" y "muy trabajador".

Si la causa finalmente queda en Entre Ríos, la investigación quedará en manos del fiscal José Arias, a quien allegados de Kueider acusan de tener "animadversión hacia el peronismo".