El malestar de los sectores productivos alcanzó un nuevo pico de visibilidad con la movilización de referentes de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) frente al Congreso de la Nación. Bajo la consigna de frenar el "industricidio", los empresarios denunciaron que el Gobierno Nacional no los recibe ni escucha sus reclamos frente a una recesión que ya afecta a 250.000 trabajadores. "La industria se está cayendo a pedazos, esperamos que no sea tarde", advirtió Daniel Rosato, presidente de IPA, tras ser recibido por legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas.

El plan de las Pymes: 180 días para salvar la industria

La propuesta central entregada a los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau y Pablo Farías consiste en una reingeniería financiera inmediata. Los industriales piden al Estado que retire los pesos colocados en bonos e "inyecte" ese capital en el sistema bancario con un fin específico: bajar drásticamente la tasa de interés. El objetivo es financiar el capital de trabajo de las fábricas y lograr que la actividad se sostenga al menos por 180 días, evitando que la falta de liquidez y la caída del mercado interno terminen de quebrar a las compañías que aún resisten.

El fantasma del 2001 y la crisis del sector textil

Durante el encuentro, las comparaciones históricas marcaron el tono del debate. Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, trazó un paralelismo directo entre la actual política libertaria y el escenario previo al estallido de 2001. "En aquel entonces teníamos ley de déficit cero e inflación cero, pero tuvimos 25% de desocupación y todo voló por los aires", planteó Meloni, cuestionando que la estabilidad macroeconómica que pregona Milei se esté logrando a costa de la desaparición del entramado pyme y el consumo popular.

Un frente multisectorial contra el cierre de empresas

La convocatoria mostró una unidad inédita entre sectores que históricamente compiten. Participaron representantes de la industria del calzado, marroquinería, juguetes y la Unión Industrial de San Martín, entre otros. Juan José Sisca, de APYME, enfatizó que el documento presentado no es solo un reclamo salarial, sino un diagnóstico fehaciente de cómo la apertura de importaciones y el tarifazo energético están desmantelando la capacidad productiva nacional. Los empresarios buscan que el Congreso declare la emergencia productiva para obtener beneficios fiscales y moratorias que impidan nuevos despidos.

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