El proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional generó fuertes críticas entre especialistas tributarios y sectores productivos por el fuerte incremento de las multas automáticas que se aplican ante atrasos en la presentación de declaraciones juradas. De aprobarse sin modificaciones, las sanciones aumentarían más de un 110.000%, con especial impacto sobre las pymes.

Actualmente, las multas previstas por el artículo 38 son de $200 para personas humanas y $400 para personas jurídicas. El proyecto propone elevar esos montos a $220.000 y $440.000, respectivamente, sin distinguir tamaño del contribuyente ni gravedad del incumplimiento.

Reclamos de contadores y advertencias sobre el impacto

Especialistas advirtieron que las nuevas sanciones podrían afectar de manera desproporcionada a pequeñas y medianas empresas que incurran en demoras administrativas mínimas. Desde el sector contable remarcaron que un atraso de apenas un día, por motivos operativos o falta de personal, podría derivar en multas consideradas excesivas para empresas de menor escala.

El cuestionamiento central apunta a que el esquema no discrimina entre pymes y grandes compañías, aplicando sanciones fijas y elevadas para todos los contribuyentes. Según los expertos, si no se gradúan las multas según la capacidad económica y el tipo de infracción, el sistema podría volverse regresivo y castigar errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión.

El compromiso del oficialismo y el debate en el Senado

El proyecto será tratado en el Senado junto con el Presupuesto 2026, donde el oficialismo reconoció que podría aceptar modificaciones, aunque recién después de aprobar la ley. Desde el Gobierno se comprometieron a revisar el régimen de multas a través de una norma complementaria durante las sesiones ordinarias.

Senadores de distintos bloques coincidieron en respaldar el cambio de paradigma que propone la Inocencia Fiscal, pero plantearon reparos sobre la actualización de sanciones sin criterios de proporcionalidad. El reclamo apunta a establecer un sistema que diferencie entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes, evitando que las pymes sean las principales perjudicadas.

Mientras tanto, el debate continúa abierto y el incremento de las multas se mantiene como uno de los puntos más sensibles del proyecto, en un contexto en el que el Ejecutivo busca incentivar la regularización de ahorros no declarados sin desalentar la actividad productiva.