Desde 1983 hasta la actualidad, millones de pesos teóricamente destinados a agentes encubiertos y operaciones secretas fueron desviados hacia sobresueldos o la llamada "cadena de la felicidad" de la organización. Esto se debe a la falta de necesidad de rendir cuentas sobre cómo se gastan estos fondos. La comisión bicameral de Inteligencia del Congreso se ha utilizado como herramienta política en lugar de supervisar los gastos de los espías. 

Desde la restauración de la democracia, los fondos reservados de la SIDE se han desviado de su propósito original (pagar a agentes encubiertos u operaciones secretas) para financiar campañas políticas, entregar sobres con dinero no declarado a funcionarios, legisladores, jueces y periodistas, e incluso entregar 400 mil dólares a Carlos Telleldín, quien proporcionó la camioneta Trafic utilizada como coche bomba en el atentado de la AMIA.

Los fondos reservados son las únicas partidas presupuestarias del Estado que no requieren rendición de cuentas por parte de los funcionarios, y se utilizan en casi todos los países del mundo para operaciones contra el terrorismo internacional o el crimen organizado.

Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, una comisión del Senado puede, en una reunión secreta, pedir al titular de la CIA que explique los "avances" de cada programa o las actividades de los agentes encubiertos, e incluso cerrar el programa si no cumple con sus objetivos.

En cambio, la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso argentino -creada en 2001- ha sido utilizada en diversas etapas históricas para proteger al jefe de inteligencia del gobierno en turno y contratar asesores, en lugar de cumplir su función de control.

Durante el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, funcionó la llamada "cadena de la felicidad del menemismo", que distribuyó unos 4.000 millones de pesos/dólares entre funcionarios, jueces, legisladores y periodistas, según un informe presentado a la Corte por el fallecido contador forense Alfredo Popritkin. El ex juez de la Corte, Carlos Fayt, tenía en su escritorio "una lista con los jueces que cobraban", según Popritkin.

Además, en 2017 la Justicia condenó por el delito de peculado al ex presidente Menem, al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, por organizar durante nueve años un sistema clandestino de sobresueldos con fondos reservados de la SIDE. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi estableció que este sistema alcanzó la cifra sideral de $4.152.827.200, mientras el gobierno en público hablaba de austeridad.

En 1986, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy autorizó el pago de 400 mil dólares a Telleldín antes de que declarara ante la Justicia que la Trafic utilizada en el ataque contra la AMIA fue entregada a policías bonaerenses antes de llegar a manos de terroristas.

En el año 2000, el entonces secretario parlamentario de la UCR Mario Pontaquarto confesó que el ex presidente Fernando De la Rúa ordenó pagar 5 millones de dólares de fondos reservados de la SIDE a senadores peronistas para lograr la aprobación de la ley de flexibilización laboral. Pero 13 años después, todos los acusados, incluido Pontaquarto, fueron absueltos.

Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se afirmó que parte del financiamiento de la campaña electoral de Néstor Kirchner fue pagada con fondos reservados de la SIDE, según fuentes de la oposición.

Luego del asesinato de Alberto Nisman en 2015, aparecieron carteles anónimos con fotos privadas del fiscal de la AMIA en viajes al exterior con jóvenes novias, que la oposición denunció también fueron financiados con dinero no declarado. Mientras tanto, el ex juez Norberto Oyarbide se reunía en una "casa segura" de la SIDE con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, para arreglar la declaración jurada del matrimonio presidencial y sobreseerlos en tiempo récord. Antes de escuchar a Manzanares, pidió champagne a los espías.

Tras la conmoción por la muerte violenta de Nisman, Cristina Kirchner cambió el nombre de la SIDE a Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con promesas de transparencia que tampoco se cumplieron.

Recién en 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño limitó esos fondos oscuros y anunció otras medidas de transparencia.

Sin embargo, a través de los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, Cristina Kirchner utilizó la comisión bicameral de inteligencia para fabricar falsas denuncias de espionaje contra el ex presidente Mauricio Macri, jueces, fiscales y periodistas. La mayoría fueron archivadas o sobreseídas, relajando así la función de control sobre la AFI del cuarto gobierno kirchnerista.

A principios de este año, el entonces titular de la AFI, Silvestre Sívori, afirmó que el presupuesto del organismo para este año es de "un total de 19 mil millones incluyendo gastos reservados que no llegan a $1.500 millones, es decir, menos del 10 por ciento del total". O un poco más de 1,5 millones de dólares al cambio de ese momento.

Ante las críticas de la oposición, una fuente del organismo explicó que "la distinción entre partidas públicas y fondos reservados es la que establece el artículo 38 bis de la Ley Nº 25.560, modificada por la Ley 27.126 y se mantuvo en la gestión de Alberto Fernández (Decreto Nº 331 del 29 de junio de 2023)". La gestión de Caamaño "redujo pero no eliminó los gastos reservados", afirmó la fuente.

"Hoy se utiliza el mismo régimen de fondos que en la gestión anterior. Así está reflejado en la intervención dispuesta por el gobierno de Milei (Decreto Nº 22 del 12 de diciembre de 2023), que definió que hasta tanto se apruebe un nuevo régimen de fondos, se utilice el aprobado por la gestión anterior (art. 6 del decreto mencionado)", señaló.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN

Ante el anuncio del martes pasado del gobierno de aumentar los fondos de la SIDE (ex AFI) en 100 mil millones de pesos, la ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra y la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, entre otros, criticaron duramente la medida.

Se asignaron "100 mil millones de pesos para la SIDE en gastos reservados, mientras la jubilación mínima pasa a $254.454,42. El Presidente del ‘cambio' a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades", agregó Di Tullio.

En el mismo sentido, el diputado radical de Formosa, Fernando Caravajal, dijo que "no hay plata (en el Senado). Salvo para fondos reservados de la SIDE: $100 mil millones. Para espiar a opositores y organizar operaciones ilícitas de ataque a las voces críticas".

El debate se abrió porque el gobierno de Javier Milei agregó 100 mil millones de pesos al presupuesto general 2024, que serán destinados "al fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional".

La decisión fue tomada a través del DNU 656/2024, publicado en el Boletín Oficial. Entre los considerandos, señala que la decisión se sustenta en la "necesidad de asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".

Se trata del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASG), la Agencia de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos, creada como organismo de control de los anteriores y que hasta hoy no tiene conducción.

El artículo 2° del DNU establece "el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo 1° de la presente medida en los términos del artículo 38 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias".

Así, el nuevo titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, no tendrá que rendir cuentas sobre el destino de estos 100 mil millones de pesos.

"Que en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado, en los términos de la Ley N° 25.520 (de Inteligencia) y sus modificatorias", agrega el DNU.

El ex titular de la SIDE y experto en inteligencia, Miguel Ángel Toma, ratificó la necesidad de darle la mayor transparencia posible a estos fondos porque una cosa es pagar el sueldo de un empleado o comprar resmas de papel y otra es pagar operaciones encubiertas contra el terrorismo internacional, que sí deben ser completamente secretas.

Toma dijo a Clarín que si ese dinero, por ejemplo, es para comprar equipos necesarios para que la ACF tenga el poder de defender, atacar o investigar, "es poco". Puso como ejemplo un banco privado que acaba de comprar equipos de ciberseguridad por 30 millones de dólares.

En 2001, Toma se encontró con un presupuesto de la SIDE dispuesto con base en un dólar igual a un peso, y tras la devaluación del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, de un dólar cuatro pesos, los fondos quedaron devaluados. Entonces, le pidió a Duhalde un "decreto secreto" para aumentar el presupuesto y evitarse así un debate público.

Por el lado del presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se espera que Neiffert vaya al Congreso a explicar en secreto para qué destinará todo ese dinero, según fuentes parlamentarias.

En la comisión Bicameral de Inteligencia, que hasta ahora no se ha constituido, esperan que el Gobierno envíe un plan nacional de inteligencia y la estimación de gastos anual, incluyendo los fondos reservados.

AUMENTO DEL 875 POR CIENTO 

Sucede que no se trata de poca plata. Con esta partida, "si tomamos como fecha el 27 de julio de 2023, el incremento del presupuesto de la SIDE sería del 703%, y si tomamos el 1 de diciembre de 2023, el incremento es del 875%", según otra fuente del Congreso.

Además, según el artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera, "quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia", señala un informe que circula por el Congreso.

En el PRO y en la oposición dialoguistas esperan que Neiffert o el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, vayan al Congreso a explicar, en secreto, cómo se usarán estos fondos reservados.