La renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec y la marcha atrás con la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor generaron fuertes críticas en el ámbito académico. Agustín Salvia advirtió que estas decisiones implican un cambio "francamente negativo" y aumentan la presión política sobre un organismo que debería tener autonomía técnica. 

Según explicó, la continuidad del IPC basado en la canasta 2004-2005 impacta de manera directa en salarios, jubilaciones, AUH y bonos atados a la inflación, y termina afectando al ciudadano común al subregistrar aumentos vinculados a tarifas y precios regulados.

Impacto social y pérdida de legitimidad

Para el sociólogo, la falta de actualización metodológica provoca que los ajustes económicos no se reflejen plenamente en las estadísticas oficiales, lo que deriva en actualizaciones salariales y de haberes menores a las que corresponderían. Si bien reconoció que la decisión puede tener racionalidad política porque facilita la gestión, sostuvo que no contribuye a la legitimidad del Indec y profundiza desequilibrios sociales sin estadísticas adecuadas para medirlos y compensarlos.

Antecedentes y reclamos de la UCA

Salvia recordó que la UCA ya había cuestionado mediciones oficiales durante la actual gestión, al advertir que la caída de la pobreza difundida por el Gobierno estaba sobrerrepresentada. Según el ODSA, esto se explica por cambios en la captación de ingresos y por la persistencia en el uso de canastas desactualizadas. En ese marco, la universidad reclamó acelerar la actualización de las canastas de referencia, transparentar los cambios metodológicos y modernizar las estadísticas públicas para reflejar con mayor precisión la realidad social.