Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra los tres vocales del Tribunal de Cuentas de Tucumán, a quienes se acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión fiscal agravada. El planteo solicita que se investigue una presunta maniobra prolongada en el tiempo para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias, en perjuicio del fisco nacional.

La presentación tiene como denunciados al presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraff, y a los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal. Según el escrito, los funcionarios habrían utilizado un dictamen interno del propio Tribunal de Cuentas para eximirse del tributo que corresponde a todos los funcionarios públicos que perciben ingresos de cuarta categoría.

Un acuerdo interno bajo la lupa judicial

El eje central de la denuncia se apoya en el Acuerdo N.º 1.171/97, mediante el cual los vocales interpretaron que el pago del Impuesto a las Ganancias vulneraría la intangibilidad de sus remuneraciones y afectaría su independencia funcional.

Para el denunciante, esta interpretación configura una exención impositiva ilegítima, creada por los propios beneficiarios y sin respaldo en la legislación vigente. El escrito subraya que ni la Constitución de Tucumán ni la Ley de Administración Financiera Provincial N.º 6.970 contemplan exenciones tributarias para los miembros del Tribunal de Cuentas.

Además, se remarca que en materia tributaria la analogía está expresamente prohibida y que las exenciones solo pueden surgir de la letra clara y expresa de la ley, lo que refuerza la presunta irregularidad del mecanismo aplicado.

El antecedente de jueces y funcionarios

La denuncia también hace referencia a la reforma de la Ley del Impuesto a las Ganancias de 2016, que estableció que los jueces y funcionarios judiciales designados a partir de ese año deben tributar el impuesto. Incluso antes de esa modificación, sostiene la presentación, la garantía de intangibilidad salarial nunca implicó una inmunidad tributaria absoluta.

En ese marco, el escrito es categórico: si los jueces pagan Ganancias, no existiría un argumento válido para que los miembros del Tribunal de Cuentas queden al margen de un impuesto general, más aún cuando se trata de un organismo que no ejerce funciones jurisdiccionales, sino de control.

Posible evasión fiscal agravada

Según la denuncia, el Tribunal de Cuentas de Tucumán no habría retenido ni ingresado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los montos correspondientes al Impuesto a las Ganancias durante años. Esta conducta podría encuadrar no solo en infracciones administrativas, sino también en el delito de evasión fiscal agravada, previsto en la Ley 27.430, especialmente cuando media abuso de la posición funcional.

El escrito pone énfasis en que los denunciados son abogados y contadores, integrantes de la máxima autoridad de control externo de la provincia, lo que eleva el deber de diligencia y agrava, en caso de comprobarse, la conducta atribuida.

Pedido de investigación urgente

La presentación solicita medidas concretas: decretar el secreto de sumario, requerir a ARCA el expediente administrativo ya iniciado y tramitar la causa en el fuero federal. Además, deja planteada la reserva del caso federal, con miras a una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El avance de la investigación podría abrir un capítulo inédito en la historia institucional del organismo encargado, precisamente, de controlar el uso de los fondos públicos en Tucumán.