La administración de Javier Milei prepara un decreto que le permitiría intervenir directamente en las investigaciones del Conicet, el principal organismo científico del país. Según fuentes oficiales, el objetivo es definir desde el Poder Ejecutivo qué áreas deben priorizarse, en un intento por alinear la ciencia con las metas del Gobierno.

Según reportó TN, desde la Casa Rosada afirmaron: "Queremos priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman". El decreto modificaría el sistema de gobernanza del Conicet, aunque no se precisaron fechas para su publicación en el Boletín Oficial.

Cambios en el directorio y exclusión de las ciencias sociales

El proyecto ya fue revisado por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica que encabeza María Ibarzabal. Mientras algunos sectores del oficialismo afirman que Milei ya lo validó, otros no descartan demoras.

En paralelo, el Gobierno avanza con una fuerte reducción del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I): pasará de 11 integrantes a solo 3, que serán nombrados en los próximos días. La agencia financia proyectos científicos con fondos del FONCyT, FONTAR y FONARSEC, y cuenta con un presupuesto de $25.000 millones.

El recorte también alcanzaría el proceso de ingreso al Conicet, donde el Ejecutivo quiere excluir a investigadores de las ciencias sociales y humanidades para priorizar áreas como energía, minería y salud. Se trata de un giro ideológico que pone en riesgo la pluralidad del sistema científico nacional.

Un sistema en la mira del oficialismo

El Conicet actualmente cuenta con más de 26.000 trabajadores entre investigadores, becarios, técnicos y administrativos, y un presupuesto anual de $580.000 millones. Está compuesto por 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia y más de 300 institutos en todo el país.

La conducción del organismo está a cargo de Daniel Salamone, designado por el Ejecutivo, y un directorio de ocho miembros que provienen de ternas propuestas por universidades, científicos, el sector productivo y las provincias. La reforma busca modificar este equilibrio, permitiendo una mayor injerencia del Gobierno en la elección de los proyectos y el perfil de quienes investigan.