Este martes a las 11:30, la Cámara de Diputados será el escenario de una fuerte movilización política. Referentes históricos de los Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y el SERPAJ, brindarán una conferencia de prensa en el anexo A para exigir que la Justicia relaje las estrictas condiciones de detención de Cristina Kirchner.

El eje del reclamo es la comparación con los militares condenados. Según el comunicado conjunto, mientras a los genocidas con domiciliaria se les permiten "salidas para festejos, deportes o trabajo", a la exmandataria se le aplican restricciones que, denuncian, buscan anular su actividad política. "A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos", sentenciaron los organismos.

Tobillera y visitas limitadas: el régimen en Constitución

La defensa de Cristina Kirchner viene batallando sin éxito para suavizar las normas impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2 para su confinamiento en el departamento de la calle San José 1111. Actualmente, el régimen de la expresidenta incluye:

Tobillera electrónica: La defensa exige su eliminación inmediata.

Visitas restringidas: Un máximo de tres personas, solo tres veces por semana y por no más de dos horas.

Uso de la terraza: La exmandataria tiene un tope de apenas dos horas diarias para acceder al aire libre en su propio edificio.

Autorizaciones constantes: Se requiere permiso judicial para cada visitante, incluso para los habituales.

El impacto en la actividad política

Estas limitaciones han logrado un objetivo concreto: reducir al mínimo la capacidad de acción política de la exjefa de Estado. El entorno de Kirchner sostiene que el confinamiento no solo afecta su vida privada, sino que es una herramienta de "proscripción de hecho", limitando sus reuniones presenciales y sus pronunciamientos públicos.

La conferencia de prensa de hoy, con la presencia de figuras como Adolfo Pérez Esquivel y Pablo Llonto, busca nacionalizar el conflicto y presionar a los tribunales para que equiparen las condiciones de su detención con otros casos de prisión domiciliaria en el país.