El gobernador Osvaldo Jaldo viajará este jueves a la Ciudad de Buenos Aires con una agenda marcada por la urgencia financiera y la rosca política. El destino es la Casa de Salta, donde mantendrá un encuentro clave con el anfitrión Gustavo Sáenz y sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). El objetivo del bloque de gobernadores "dialoguistas" es claro: presionar a la Casa Rosada para que se regularicen las deudas que la Nación mantiene con las provincias, utilizando como moneda de cambio el acompañamiento legislativo que el oficialismo necesita para la reforma laboral.

La negociación se centra en recuperar acreencias millonarias. El ministro de Economía, Daniel Abad, ya ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de cobrar unos $95.000 millones correspondientes a la atención sanitaria de afiliados al PAMI, un monto vital para evitar zozobras antes de marzo, meses que suelen ser de baja recaudación.

El escenario económico no da tregua. Mientras el gobierno nacional de Javier Milei celebra el superávit fiscal y la alineación con potencias extranjeras, en las provincias la realidad es distinta: la industria textil tucumana ha bajado drásticamente su producción devorada por las importaciones, y el endeudamiento familiar crece al ritmo de la inflación. En este contexto, Jaldo y sus pares le plantearán al ministro del Interior, Diego Santilli -quien sigue de cerca esta cumbre-, que no están dispuestos a sacrificar sus recursos sin una compensación razonable.

El marco legal del reclamo: se formalizó la deuda por $400.000 millones

Para dar sustento técnico y legal al reclamo político que Jaldo encabezará en Buenos Aires, el Gobierno de Tucumán oficializó esta semana la registración contable de los pasivos que la Nación mantiene con la provincia.

Mediante el Decreto N° 3.923/3, firmado por el gobernador y publicado en el Boletín Oficial, se instruyó al Ministerio de Economía y Producción a consolidar los créditos que quedaron fuera del régimen de compensación firmado en septiembre pasado. Según las estimaciones oficiales, la deuda total asciende a unos $400.000 millones.

Este monto no solo incluye los gastos en salud mencionados, sino también conceptos sensibles como la quita de subsidios al transporte y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), costos que la provincia debió afrontar con recursos propios para evitar conflictos gremiales y sociales. Desde el Ejecutivo aclararon que esta medida busca "resguardar los intereses fiscales de Tucumán", dejando asentado en los libros contables el incumplimiento financiero de la Nación de cara a la negociación de este jueves.

Fuente: Los Primeros