La investigación del crimen de Érika Álvarez fue objeto de críticas por parte de la familia de la víctima. El querellante Carlos Garmendia apuntó sus cuestionamientos a la Policía y al Ministerio Público, mientras que el Gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó a la Justicia en general.

El reproche más severo apunta a la decisión de que una causa tan compleja haya pasado por las manos de cuatro fiscales. María del Carmen Reuter fue la primera en intervenir. Con el aporte de los familiares de la víctima, no sólo logró identificar y solicitar la detención de Felipe "El Militar" Sosa, sino que además reunió indicios relevantes para complicar procesalmente al acusado. Sin embargo, por el cronograma de la feria judicial, fue apartada del expediente.

Luego fue reemplazada por Carlos Picón, quien consiguió que Sosa fuera imputado por homicidio simple. Si bien la acusación es provisoria y puede modificarse a lo largo del proceso, especialistas sostuvieron que, por los elementos que ya constaban en el expediente, debió habérsele endilgado homicidio agravado, no por femicidio, sino por la forma en que habría sido asesinada la víctima.

Fuentes del Ministerio de Seguridad y de la Policía informaron que el fiscal no aceptó realizar un allanamiento en una concesionaria para secuestrar la moto que el imputado había entregado como parte de pago para adquirir el rodado que utilizó para fugarse a Buenos Aires. Según trascendió, consideró innecesaria esa medida, aunque posteriormente se estableció que ese vehículo habría sido utilizado por "El Militar" para trasladar a Érika hasta la vivienda donde fue asesinada.

En la audiencia de formulación de cargos, al exponer los antecedentes del acusado, Picón señaló que Sosa había sido sobreseído en una causa por drogas iniciada en la Justicia Federal, pero omitió mencionar que el fiscal federal Agustín Chit había apelado esa resolución. "Eso puede ocurrir porque esa información no siempre aparece en el sistema", explicó una fuente judicial.

Por ese motivo, tampoco habría informado que "El Militar" tenía una causa en trámite por amenazas contra el hermano de su ex pareja. Mario Leiva Haro, querellante en ese expediente, sostuvo que el acusado lo amenazó con cortarle la cabeza en el lugar donde lo encontrara. "No es un dato menor: habla de su violencia", remarcó el abogado.

El tercer fiscal a cargo de la investigación fue Marcelo Leguizamón, quien recibió el pedido de detención de Justina Gordillo y del tercer sospechoso el jueves al mediodía. El viernes por la tarde ordenó la realización de medidas complementarias. Entre ellas, solicitó que la familia identificara a Érika como la mujer que era trasladada por Sosa y también pidió el secuestro de la moto del imputado, una diligencia que su antecesor había considerado innecesaria.

Finalmente, Pedro Gallo fue quien solicitó la detención de Gordillo. Lo hizo el domingo, cuando formalmente debía reincorporarse a sus funciones tras la feria judicial. Desde el viernes había comenzado a interiorizarse del expediente, aunque no podía adoptar decisiones hasta su regreso oficial.

El Ministerio Público también fue cuestionado por Jaldo por no haber abierto, pese a los indicios existentes, una investigación paralela por narcomenudeo o narcotráfico. "Aquí no estamos ante un homicidio simple, sino frente a otros delitos conexos. Se debe investigar todo y a todos", afirmó el gobernador.

Hasta el momento no trascendió si los fiscales intervinientes remitieron copias del expediente para evaluar la apertura de una causa por narcomenudeo. En la Justicia Federal confirmaron que no recibieron ningún tipo de información. "Es fundamental que estos datos se compartan para iniciar el trabajo lo antes posible", explicó un investigador.

"El mayor problema es que la familia siente que la Policía y la fiscalía le están ocultando información, pese a que aportaron datos clave para el avance de la investigación", señaló Garmendia. "Incluso, en la medida de identificación no recibí ninguna notificación previa. Eso es muy grave, al igual que no informar sobre las medidas que se están por adoptar. Por ejemplo, desconocía la existencia del pedido de detención de Gordillo", explicó el abogado, quien hoy al mediodía se reunirá con el fiscal Gallo.

Fuente: La Gaceta.