El Departamento Ejecutivo municipal (DEM) promulgó la ordenanza 5.507, que declara de interés turístico "la promoción y venta del helado denominado achilata". La iniciativa generó un intenso debate en el Concejo Deliberante, donde algunos ediles advirtieron que la norma avanza sobre derechos básicos de los trabajadores informales.

Uno de los cuestionamientos más firmes provino del concejal Leandro Argañaraz, quien remarcó que el centro de la discusión no pasa por la achilata en sí, sino por el alcance de los artículos que regulan su comercialización.

"Acá más que de la achilata estamos hablando del derecho a trabajar y de la obligación o no de estar agremiados a un sindicato para poder vender", sostuvo.

Según explicó, el artículo primero de la ordenanza se limita a declarar de interés turístico a la achilata, un punto que no genera objeciones. El conflicto aparece a partir del artículo segundo y los siguientes, donde se establece que será un sindicato el encargado de determinar quiénes podrán vender el producto, mientras que el municipio definirá los únicos lugares habilitados para hacerlo.

Además, la norma dispone que los vendedores deberán adquirir indumentaria y carritos provistos por el propio sindicato, lo que implicaría el pago de cuotas y costos aún no especificados. "El problema es que se impone una intermediación obligatoria entre el trabajador y su derecho a ganarse la vida. Eso es muy grave", advirtió Argañaraz.

El concejal también señaló que la ordenanza desconoce la realidad social y económica de quienes se dedican a esta actividad. "No todos los vendedores de achilata trabajan con carrito, y además es una venta estacional. En verano venden achilata y en invierno muchos de ellos venden praliné. Son las mismas personas, con ingresos que ya son precarios", explicó.

Para Argañaraz, la normativa abre un antecedente peligroso. "Hoy es la ordenanza de la achilata. Mañana puede ser la del praliné o la del algodón de azúcar. Parece un tema menor, pero estamos hablando de la libertad de trabajar y de la obligación de sindicalizarse y pagar una cuota para poder llevar el pan a la casa", remarcó.

Otro de los puntos que cuestionó es la figura del sindicato contemplado en la ordenanza. "Los gremios existen para representar a los trabajadores frente a una patronal. Acá no hay patrón. El mismo gremio va a decidir quién vende, dónde vende y cómo vende. Y cuando alguien quiera reclamar, no va a tener a quién hacerlo, porque el que controla es el mismo que cobra", señaló.

Argañaraz confirmó que se encuentra finalizando un proyecto para avanzar con la derogación de la ordenanza. Aseguró además que la norma fue promulgada de manera tácita, sin una firma expresa del Ejecutivo municipal, lo que -a su entender- responde a una falta de análisis legal y político.

"No puedo creer que sea la misma gestión que, al asumir, desarmó esquemas de ferias paralelas diciendo que no debía haber intermediarios para trabajar, la que ahora permita una ordenanza de este tipo", concluyó el concejal.

Fuente: La Gaceta.