Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise dos medidas que consideran arbitrarias e inconstitucionales: el uso de la tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas en su arresto domiciliario.

La presentación se hizo ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora debe definir si le da curso para que el caso llegue al máximo tribunal. La defensa sostiene que ambas condiciones violan tratados internacionales, el principio de igualdad ante la ley y los derechos constitucionales de la exmandataria.

Tobillera electrónica: innecesaria y "estigmatizante", según la defensa

Uno de los ejes principales del reclamo es la imposición del dispositivo electrónico de monitoreo. Los abogados argumentan que no existe ningún riesgo de fuga, ya que Cristina tiene custodia las 24 horas y siempre se presentó ante la Justicia. Además, remarcan que la ley permite prescindir de la tobillera si no hay peligro de evasión.

"Es una medida innecesaria, excepcional y estigmatizante", afirma el escrito, que cita estadísticas oficiales: menos del 50% de los arrestos domiciliarios utilizan tobillera, y en el caso de mujeres condenadas, el porcentaje es aún menor.

Incluso citan el voto en disidencia del juez Borinsky, que señaló que el uso del dispositivo en este contexto no tiene justificación ni sustento legal. También sumaron informes del Parlasur que advierten sobre la desproporcionalidad de la medida.

Visitas restringidas y recusación a los jueces de la Corte

El otro punto clave es el régimen de visitas, que limita severamente quiénes pueden ingresar al domicilio de la exmandataria. Sólo están habilitados familiares, abogados, médicos y custodios previamente autorizados. Para cualquier otro visitante, incluso figuras políticas internacionales, se requiere una autorización especial del tribunal.

Según la defensa, esta norma no está contemplada en el Código Penal y no tiene justificación legal ni antecedentes similares en otros arrestos domiciliarios, ni siquiera en causas por delitos graves. Además, alertan que esta discrecionalidad podría afectar derechos políticos y generar desigualdad ante la ley.

En paralelo, los abogados recusaron a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, acusándolos de haber adelantado opinión en el caso Vialidad y de mostrar animosidad contra Cristina en fallos y declaraciones previas. En caso de apartarse, solicitaron que se sorteen conjueces independientes.