El femicidio de Ana Gabriela Picciuto, conocido como el "Crimen de Chacabuco 59", vuelve a quedar en la nada. El Tribunal de Impugnación dejó sin efecto la condena contra Leonardo Salomón y lo absolvió por el beneficio de la duda, marcando graves fallas en la investigación inicial.

Picciuto fue hallada el 12 de mayo de 2023, oculta en una cisterna dentro de su propia casa. Las pericias indicaron que fue asesinada entre el 9 y el 11 de marzo de ese año, con golpes en la cabeza que habrían sido propinados con una maza o un martillo, arma que nunca apareció.

La casa donde vivía la víctima estaba habitada por varias personas con problemas de adicción y, además, había sido vendida de manera irregular sin su consentimiento.

En ese contexto, Salomón quedó señalado como el "sospechoso perfecto": tenía una relación conflictiva con la víctima, se fue de Tucumán justo el día en que ella fue vista por última vez, sabía de albañilería y había publicado en sus redes que limpiaba cisternas. Cuando lo detuvieron en un camping de Córdoba, esos elementos reforzaron las sospechas en su contra.

Con el tiempo, el fiscal decidió sostener la acusación únicamente contra él, mientras que el resto de los imputados fue sobreseído.

Los argumentos que frenaron la condena

El defensor público planteó numerosas inconsistencias: no se probó dónde ocurrió el crimen, la fecha de muerte no fue valorada correctamente, el arma homicida nunca se encontró y ningún perfil genético coincidió con el de Salomón. A eso se sumó que la fiscalía no profundizó otras líneas de investigación, como los conflictos entre los inquilinos y Picciuto ni la sospechosa venta de la propiedad.

Los jueces del Tribunal de Impugnación coincidieron en parte con estos planteos: remarcaron que no está probado que Salomón haya discutido con la víctima, que había avisado antes que se iría de la provincia y que no se investigaron otros datos claves, como los celulares de los inquilinos o los movimientos de Picciuto en las semanas previas.

Aunque descartaron la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido trasladado desde otro lugar, señalaron serias falencias en la producción de pruebas que impiden sostener la condena.

Sospechas abiertas y un caso que se diluye

El fallo también repasó otras hipótesis: una discusión previa entre Picciuto y una comerciante, y el rol de quienes buscaban apropiarse de la vivienda. Si bien los jueces remarcaron que hubo maniobras irregulares en la operación inmobiliaria -que involucran al exesposo Luis Fumero, a Walter Marchese y a los hermanos Marín de la Fuente-, consideran que esos móviles no se vinculan directamente con el homicidio.

La línea que más dudas generó fue la de los inquilinos, especialmente la de Alfredo Socci, quien manejaba la casa durante la desaparición de la víctima. Nunca se aclaró por qué su pareja tenía documentos de Picciuto ni por qué una maza -posible arma homicida- desapareció tras haber estado en su poder.

Socci, Natalia Liberman y Sofía Di Cianni fueron sobreseídos y no podrán ser acusados nuevamente salvo que surjan pruebas nuevas, algo que parece difícil tras más de dos años sin avances.