La disputa judicial por el presupuesto educativo alcanzó su instancia definitiva. Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó el expediente en condiciones de ser resuelto, marcando un hito en la causa que enfrenta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el Poder Ejecutivo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves, un día de definiciones en la reunión de acuerdos

Con el expediente listo, todas las miradas se posan en la reunión de acuerdos del próximo jueves 14 de mayo. Según la normativa vigente, la Corte no tiene obligación de girar el caso al Ministerio Público Fiscal, lo que acelera los tiempos para una definición.

Los escenarios posibles:

Rechazo por Artículo 280: El tribunal podría rechazar el recurso extraordinario del Gobierno sin analizar el fondo del asunto. En este caso, quedaría firme el fallo de Cámara que obliga al Estado a pagar.

Tratamiento de fondo: Los jueces podrían entrar a analizar la constitucionalidad de la ley y el impacto fiscal que alega el Ejecutivo, lo que dilataría la resolución.

Suspensión continuada: Mientras la Corte no se pronuncie, la ejecución de la ley permanece suspendida, lo que libera al Ejecutivo de realizar las erogaciones en el corto plazo.

El argumento del Gobierno y la "motosierra" presupuestaria

El conflicto escaló desde que el presidente Javier Milei vetó parcialmente la norma en 2025. La posición oficial, ratificada en la Ley de Presupuesto 2026 y la reciente Decisión Administrativa 20/2026, sostiene que:

La ley no define con precisión las partidas de origen de los fondos.

Su aplicación plena provocaría un "grave e irreparable perjuicio" al equilibrio de las cuentas públicas.

La normativa vigente de administración financiera impide ejecutar gastos sin financiamiento previsto.

La respuesta tras la Cuarta Marcha Federal

Pese a la magnitud de la movilización que desbordó la Plaza de Mayo y la Plaza Independencia en Tucumán, el Gobierno nacional mantuvo su postura de confrontación.

"Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, sindicales e intendentes. Es claramente una marcha política impulsada por la oposición", afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Mientras el presidente Milei siguió la protesta desde la Quinta de Olivos a través de redes sociales, el funcionario insistió en que el Gobierno no cederá ante la "presión de los bombos" y que la prioridad absoluta sigue siendo el superávit fiscal.

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¿Qué establece la ley en disputa?

La norma, que el Congreso ratificó con mayoría agravada, es el pilar del reclamo docente y estudiantil. Sus puntos centrales incluyen:

Actualización automática de partidas por inflación.

Recomposición salarial inmediata para docentes y no docentes.

Refuerzos para becas Progresar, infraestructura y el funcionamiento de hospitales universitarios.

Para las universidades, la caída real de las transferencias alcanza el 45,6%, una situación que definen como terminal para el segundo cuatrimestre.