La causa y los años de inactividad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un duro cuestionamiento por la demora en la investigación de una denuncia de abuso sexual a un menor, y recomendó evaluar sanciones a los magistrados intervinientes.

El caso comenzó en julio de 2014, cuando C. A. denunció ante la comisaría de Los Nogales, en Tucumán, a su ex pareja J. A. R., por abusar de su hija F. R., entonces de 16 años, durante una visita a su domicilio en Florida, provincia de Buenos Aires, en enero de 2012.

Inicialmente, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Juan Francisco Pisa, posteriormente destituido por otro caso de relevancia. El 8 de octubre de 2014, Pisa se declaró incompetente para intervenir, argumentando que los hechos se habían producido en Buenos Aires. Sin embargo, el expediente permaneció inactivo casi siete años debido a que la declaración de incompetencia nunca se formalizó correctamente.

Conflicto de competencia y retrasos judiciales

En marzo de 2016, la causa fue remitida a la justicia bonaerense en 40 fojas. Posteriormente, el juez Ricardo Costa, del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, rechazó su competencia, señalando que no se habían agotado las medidas necesarias para determinar con certeza el lugar y las circunstancias del ilícito.

A pesar de que el juez Pisa tomó declaraciones a la denunciante y a la víctima en julio de 2016, ratificó su incompetencia recién en diciembre de 2017, ordenando la formación del incidente pertinente y su elevación a la Corte Suprema. Entre 2017 y 2020, el expediente sufrió múltiples traslados y digitalizaciones, prolongando aún más la inactividad.

Intervención de la Corte Suprema

El 25 de septiembre de 2024, durante los controles sobre causas pendientes, se detectó que el incidente de incompetencia nunca había sido creado conforme lo ordenado. Ante esta situación, el magistrado Raúl Cardozo, del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital de Tucumán, remitió la causa a la fiscalía para que continúe con el trámite y elevó el expediente a la Corte Suprema, tribunal competente para resolverlo.

En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron: "Los tribunales intervinientes deberán darle inmediato trámite al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia".

Además, agregaron que la Corte Suprema de Tucumán será informada para que evalúe las medidas y posibles sanciones disciplinarias contra los magistrados involucrados.

Un llamado a la responsabilidad judicial

El máximo tribunal destacó que el retraso en la causa constituye un caso paradigmático de la ineficiencia en la administración de justicia, subrayando la necesidad de actuar con rapidez en delitos de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a víctimas menores de edad.

La Corte Suprema enfatizó que el expediente debe avanzar sin dilaciones y que los responsables del retraso podrían enfrentar medidas disciplinarias, buscando garantizar que la víctima obtenga justicia sin sufrir un daño adicional por la lentitud del sistema judicial.