El nombre de Marcela Brenda Iglesias dejó de ser solo un sinónimo de tragedia para convertirse en un símbolo de lucha contra la desidia judicial. Tres décadas después de aquel fatídico día de 1996 en el Paseo de la Infanta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que condena al Estado argentino por la cadena de errores que permitieron que el caso quedara impune.

Una trampa mortal en Palermo

En 1996, Marcela participaba de una salida recreativa cuando una escultura de 270 kilos, instalada ilegalmente y sin mantenimiento, se desplomó sobre ella. Las pericias de aquel entonces fueron contundentes: la estructura estaba corroída y mal soldada. Sin embargo, el laberinto de apelaciones y demoras judiciales provocó que la causa prescribiera, dejando en libertad a galeristas, artistas y funcionarios responsables.

Los puntos clave de la condena

El tribunal internacional fue tajante en su resolución de este marzo de 2026 al declarar al Estado responsable por:

Falta de prevención: No se controló un espacio público que representaba un peligro latente para los ciudadanos.

Denegación de justicia: El sistema judicial argentino falló en proporcionar una investigación pronta y efectiva, permitiendo que el paso del tiempo borrara las responsabilidades penales.

Reparación y Memoria

La sentencia no solo obliga al Estado a pagar una indemnización a la familia Iglesias, sino que impone medidas de reparación simbólica. Entre ellas, se destaca la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la creación de un espacio de memoria en honor a la niña en el lugar de la tragedia.

Para los padres de Marcela, que sostuvieron el reclamo durante 30 años ante organismos internacionales, el fallo no devuelve la vida de su hija, pero pone fin a tres décadas de un silencio estatal que, según la Corte, también fue parte del daño.