Los recientes escándalos que golpearon a la Policía de Tucumán (desde el uso de detenidos para trabajos privados en El Cadillal hasta los allanamientos simultáneos a diez comisarios acusados de cobrar coimas) reavivaron un reclamo ya histórico: la creación de un organismo de control externo, civil e independiente, capaz de investigar abusos, faltas graves y delitos sin depender de la propia cadena de mando policial.

Los legisladores opositores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci coincidieron en reactivar sus proyectos para reformar el sistema y sacar Asuntos Internos de la órbita policial.

Cano fue contundente al señalar que la falta de control interno "deriva en situaciones graves y descontrol en la fuerza", y sostuvo que si la cúpula no conoce lo que hacen sus subordinados, "no está conduciendo la fuerza". Para él, lo ocurrido es parte de "un descontrol sistémico" y el modelo actual "está agotado".

Elías de Pérez, por su parte, reclamó decisiones concretas para crear un organismo con "verdadera autonomía, transparencia y capacidad operativa", mientras que Berarducci planteó: "¿Quién controla a quienes deberían protegernos? ¿Hasta cuándo soportaremos este accionar?".

Los proyectos: tres caminos hacia un mismo objetivo

Aunque con diferencias técnicas, los tres proyectos comparten una premisa: la Policía y el Servicio Penitenciario no pueden investigarse a sí mismos.

La propuesta de José Cano

Crea una Secretaría de Estado de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad y conformada exclusivamente por personal civil altamente capacitado. Entre sus facultades, incluye:

Control anual de declaraciones juradas patrimoniales.

Registro público de agentes expulsados e inhabilitados.

Recepción directa de denuncias sin intervención policial.

Cano argumenta que el sistema vigente (basado en leyes de los años 70, como las Leyes 3.656, 3.823 y 4.611) no garantiza independencia ni transparencia, ya que la investigación disciplinaria queda en manos de la propia Jefatura.

La propuesta de Walter Berarducci

Establece un Departamento General de Asuntos Internos dentro de la Policía, pero completamente independiente de la cadena de mando.
Su director deberá ser abogado con 10 años de antigüedad, tendrá facultad para separar del cargo a cualquier efectivo denunciado y deberá emitir dictámenes obligatorios para los ascensos.

Berarducci sostiene que existe "una aberrante escalada de violencia institucional" y que el nuevo organismo permitirá denuncias claras, fortalecerá la integridad institucional y protegerá a los policías inocentes.

La propuesta de Silvia Elías de Pérez

Plantea la creación de una Dirección de Asuntos Internos bajo el Ministerio de Seguridad, con el esquema más estricto de los tres:

Ingreso por concurso público de antecedentes y oposición.

Prohibición de incorporar a personas con vínculos presentes o pasados con la Policía o el Servicio Penitenciario.

Prohibición para familiares directos de miembros de ambas fuerzas.

Rendición de cuentas semestral ante los tres poderes del Estado y el Defensor del Pueblo.

Para la radical, los controles internos y externos deben complementarse para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.

El contexto político y la respuesta del gobierno

Los legisladores remarcan que la impunidad deteriora la confianza pública y que solo un control externo profesional puede revertir esa tendencia. Recuerdan que proyectos similares circulan desde al menos 2017, pero nunca llegaron al recinto.

El gobernador Osvaldo Jaldo reaccionó a los hechos desplazando al jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte y poniendo a los involucrados a disposición de la Justicia. También ratificó a la cúpula policial mientras no exista vinculación con los ilícitos, y defendió la estructura actual: "La Policía de Tucumán es quien nos cuida la vida".

Jaldo destacó los avances en seguridad de su gestión, como la reducción del 50% de los homicidios (dato citado por la ministra Patricia Bullrich), aunque evitó pronunciarse sobre la creación de un organismo externo.

Mientras tanto, la oposición insiste: sin una transformación profunda y autónoma en el sistema de control, los escándalos seguirán repitiéndose y la relación entre ciudadanía y fuerzas de seguridad continuará debilitándose.