Una protesta semanal marcada por la violencia

Como cada miércoles, los jubilados volvieron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos y rechazar el ajuste económico del gobierno de Javier Milei.

La marcha, que se repite de manera pacífica desde hace meses, derivó en una nueva jornada de tensión cuando la Policía Federal intervino para impedir el corte de la avenida Rivadavia.

Las cámaras de televisión registraron el momento en que un jubilado fue detenido, aunque no trascendieron las razones. Además, varios manifestantes denunciaron que efectivos arrojaron gas pimienta directo al rostro de adultos mayores, lo que obligó a la asistencia de personal médico en el lugar.

"Avanzá": la orden de las fuerzas de seguridad

En medio de la confusión, un jefe de Gendarmería y Prefectura fue captado ordenando a sus subordinados: "Vamos a sacar la gente, ¡avanzá!". Sin embargo, la situación se desbordó y los efectivos retrocedieron entre reproches y gritos de los manifestantes.

La represión dejó escenas de violencia que volvieron a encender las críticas contra la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El historial represivo bajo la gestión Bullrich

Desde el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, en diciembre de 2023, distintos organismos de derechos humanos denunciaron un aumento en la represión de protestas sociales.

Entre los episodios más resonantes se encuentran:

Protocolo Antipiquetes (diciembre 2023): habilita la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad en cortes, sin orden judicial. Fue cuestionado por el CELS por criminalizar la protesta.

Represión en el Congreso (enero-febrero 2024): durante el debate de la Ley Ómnibus, se registraron gases, balas de goma y detenciones de manifestantes y periodistas.

Movilizaciones de jubilados (marzo 2024): uno de los operativos más violentos dejó más de cien detenidos y decenas de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada de manera irregular.

Denuncias internacionales: la CIDH y la ONU recibieron presentaciones de organizaciones como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, alertando sobre un patrón de represión y detenciones arbitrarias.

Un conflicto que no cede

El gobierno de Milei sostiene que las medidas de seguridad buscan garantizar la libre circulación, pero las organizaciones sociales denuncian que el verdadero objetivo es desalentar la protesta y criminalizar la voz de los sectores más vulnerables, como los jubilados.

Con cada miércoles que pasa, el Congreso se convierte en escenario de una tensión creciente entre los reclamos sociales y el endurecimiento de la política represiva.