Este lunes se inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero y tendrá como eje central el tratamiento de la reforma laboral. La convocatoria, formalizada mediante el Decreto 24/2026 publicado el 19 de enero, delimita con precisión qué proyectos podrán debatirse, lo que reduce el margen del Parlamento para incorporar otros temas fuera del listado oficial.

En este escenario, la Casa Rosada busca avanzar con iniciativas consideradas estratégicas antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Sin embargo, el camino no está despejado: la discusión con gobernadores y bloques dialoguistas aparece como un factor determinante para conseguir los votos, especialmente en el Senado.

Un temario controlado y negociaciones abiertas

Entre los proyectos habilitados figuran la Ley de Modernización Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador y el eventual tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.

En los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad, y no descarta sumar una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia ante los incendios forestales, un reclamo impulsado por gobernadores del sur y respaldado por el PRO.

La estrategia oficial combina reuniones de mesa política, diálogo con aliados parlamentarios y contactos directos con mandatarios provinciales. Los votos todavía no están garantizados y el capítulo fiscal de la reforma laboral aparece como el principal obstáculo.

Reforma laboral: el punto que complica a las provincias

El conflicto central con los gobernadores se encuentra en el apartado tributario del proyecto. La iniciativa propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que impacta directamente en los fondos coparticipables.

Según estimaciones basadas en el Presupuesto 2026, la baja implicaría una merma de $3,1 billones en recaudación, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias. En promedio, cada jurisdicción dejaría de percibir alrededor de $144.000 millones mensuales durante 2026.

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores dialoguistas, en la Casa Rosada conviven dos posturas: sostener el texto original o introducir cambios que permitan destrabar apoyos. Incluso, se analiza un esquema de compensaciones para amortiguar el impacto fiscal, que comenzaría a regir en 2027 si la ley es aprobada.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y sostuvo que "fortalece los derechos de los trabajadores" al fomentar la creación de empleo formal.

Baja de la edad de imputabilidad y debate penal

Otro eje de las extraordinarias será la Ley Penal Juvenil. El Gobierno impulsa fijar la edad de imputabilidad en 13 años, aunque admite que podría consensuarse en 14 para lograr mayor respaldo legislativo.

El antecedente inmediato es el dictamen logrado el año pasado en Diputados, que proponía una edad mínima de 14 años, penas máximas de 15 años y sanciones alternativas para delitos menores. Desde sectores dialoguistas advierten sobre la falta de infraestructura para alojar a menores, mientras que el PRO alertó que bajar a 13 años duplicaría la población en el sistema.

El oficialismo prevé iniciar el debate en la segunda semana de febrero en Diputados y no descarta que el tratamiento en el Senado quede para marzo.

Mesa política, presión opositora y clima tenso

En la previa del inicio de las sesiones, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada con la participación de Manuel Adorni, Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo para definir la estrategia legislativa.

Bullrich también mantuvo reuniones con senadores dialoguistas y aseguró que el acuerdo por la reforma laboral "está consolidado", aunque reconoció reclamos puntuales.

En paralelo, el kirchnerismo intensificó la presión sobre los gobernadores para que rechacen el proyecto. El senador Mariano Recalde afirmó que hay al menos 15 senadores que aún no definieron su voto y la CGT anunció movilizaciones el día que se trate la reforma en la Cámara alta.