El cierre de FATE no es un hecho aislado. Forma parte de un escenario más amplio que ahora quedó sistematizado en el informe "Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei", elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en febrero de 2026.

El estudio releva despidos, cierres de empresas, suspensiones, crisis, riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas entre enero de 2024 y febrero de 2026. El dato más contundente: después de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, los conflictos laborales prácticamente se duplicaron, pasando de un promedio de 24 casos mensuales a 42.

Más de 700 conflictos laborales en dos años

De acuerdo al informe del CEPA, desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país.

El documento se elaboró a partir de una base de datos propia, construida con el seguimiento de medios de comunicación y sitios sindicales. Aunque no contempla la totalidad de los casos ocurridos, sí reúne aquellos que alcanzaron relevancia pública, tanto en el sector privado como en el estatal.

Para el CEPA, la conflictividad laboral es un termómetro del mercado de trabajo y refleja las tensiones derivadas del ajuste fiscal, la apertura importadora, las desregulaciones y la redefinición del rol del Estado impulsadas por la administración Milei.

La industria, la principal víctima del modelo económico

El 62,1% de los conflictos laborales se concentró en la industria. Textil, alimentos, metalurgia, siderurgia y automotriz aparecen como los sectores más golpeados.

Según el informe, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno generaron un fuerte deterioro del entramado productivo. Seis de cada diez conflictos se originaron en el sector industrial.

Detrás quedaron los servicios (16,9%), el sector primario (9,5%), el comercio (8,2%) y la construcción (3,3%), con fuerte impacto en obra privada.

Despidos: la principal causa de conflicto

El 63,6% de los casos estuvo vinculado a despidos. Le siguieron los cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresarias (7,8%).

El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El empleo formal aparece como uno de los principales daños colaterales del programa económico.

Pymes en el centro de la tormenta

Durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, el 39,1% de los conflictos se produjo en pequeñas y medianas empresas. Los conglomerados extranjeros concentraron el 27,3%, en muchos casos reemplazando producción local por importaciones o reduciendo personal ante la caída de ventas.

El 71,5% de las empresas afectadas fueron de capital nacional, lo que refuerza el impacto sobre el tejido productivo argentino.

Un fenómeno federal

La conflictividad laboral alcanzó a las 24 jurisdicciones del país. Buenos Aires encabezó el ranking, seguida por Santa Fe, Córdoba y CABA. Fuera del núcleo central, también se destacaron Tierra del Fuego y Tucumán.

El conflicto no quedó limitado a grandes centros industriales: se extendió a todo el territorio nacional.

El punto de inflexión: octubre de 2025

El informe del CEPA marca un quiebre claro tras las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 por mes. Sin embargo, desde los comicios hasta febrero de 2026 se contabilizaron 210 nuevos casos, elevando el promedio mensual a 42.

En este último período:

El 67,1% de los conflictos se concentró en la industria.

Los despidos representaron el 35,2% de los casos, seguidos por cierres y crisis empresarias.

Las pymes volvieron a encabezar la estadística.

Lejos de estabilizarse, la conflictividad laboral se intensificó en la segunda mitad del mandato.

Casos emblemáticos de la crisis productiva

El informe repasa conflictos en sectores clave de la economía:

En la industria alimenticia, empresas como Lácteos Verónica enfrentaron paralización productiva y crisis financiera que afectó a cientos de trabajadores.

En el sector textil, el avance de plataformas internacionales impactó en compañías como Grupo DASS y Emilio Alal, que redujeron personal o cerraron plantas.

En la metalurgia, Acindar acumuló suspensiones masivas y despidos en sus plantas, mientras que la metalúrgica Fornax anunció su cierre definitivo.

En electrónica, Newsan avanzó con despidos y suspensiones con reducción salarial.

En el sector automotriz, General Motors redujo su planta a la mitad en menos de dos años y confirmó un esquema de producción intermitente para 2026.

El patrón se repite: menor producción, más importaciones y recorte de personal.

Un escenario de alta tensión

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) no solo describe cifras: plantea un diagnóstico crítico sobre el impacto del rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei.

Con la industria debilitada, el empleo formal en retroceso y las pymes bajo presión, la conflictividad laboral se consolida como uno de los principales indicadores de tensión social y económica en la Argentina actual.

La tendencia, según el relevamiento, lejos de moderarse, se profundizó en el último tramo analizado.