En un giro determinante para el transporte urbano, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo que cambia las reglas del juego para miles de trabajadores de plataformas. A partir de esta resolución, quienes operen con Uber, Cabify o DiDi deberán contar con licencia de conducir profesional y seguros específicos, igualando sus condiciones con las del sector de taxis y remises.

La medida responde a un reclamo histórico del Sindicato de Peones de Taxis. Según los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín, estas empresas prestan un "servicio global de transporte" y no son meras intermediarias tecnológicas, por lo que deben estar sujetas a los controles del Estado local.

Los nuevos requisitos obligatorios para choferes de apps

El fallo sostiene que, ante la falta de una ley específica que regule la actividad, rige el principio de igualdad ante la ley con el resto del sector de transporte. En consecuencia, los conductores deberán adecuarse a los siguientes puntos:

Licencia de Conducir Profesional: Ya no será válida la licencia común para prestar el servicio.

Seguros Específicos: Cobertura obligatoria para transporte de pasajeros, que incluye al conductor y responsabilidad civil.

Habilitaciones y Controles: Los vehículos deberán someterse a inspecciones similares a las que realizan los taxis y remises.

Pago de Tasas: La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad iniciar los procedimientos para el cobro de impuestos locales a las empresas dueñas de las aplicaciones.

Críticas al Gobierno de la Ciudad y alivio para taxistas

La resolución judicial también incluyó una dura crítica a la administración porteña por permitir una "apariencia de regularidad". Los magistrados señalaron que, mientras la Ciudad tildaba a Uber de "servicio clandestino", permitía su publicidad y no ejercía controles efectivos, generando una competencia desleal.

Como contrapartida, y mientras persista esta asimetría regulatoria, la Cámara determinó que el Gobierno porteño no podrá cobrar aranceles administrativos a los taxistas vinculados a trámites de operación y licencias. "No puede exigirse un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes", subrayaron los jueces.

Finalmente, el fallo ordena realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre los riesgos de utilizar vehículos que no cuenten con las licencias y seguros profesionales exigidos ahora por la ley.