El Gobierno trabaja en una reforma electoral que buscará impulsar en 2026, tras el inicio del período de sesiones ordinarias de marzo. El paquete incluye la eliminación formal de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la estructura legal de los partidos políticos y una actualización de las normas de financiamiento.

Uno de los ejes centrales es la modificación de la Boleta Única de Papel (BUP). La intención del Ejecutivo es sumar un casillero para votar la lista completa, luego de detectar que en las elecciones legislativas de octubre hubo confusión entre categorías y una consecuente pérdida de votos.

La mesa política de Balcarce 50 también quiere reformular el sistema de elección de parlamentarios del Mercosur. El objetivo es pasar a un esquema de voto indirecto, donde las bancas se asignen según la proporción de cada bloque en el Congreso.

Este avance está fuertemente impulsado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien busca que la BUP se utilice de manera uniforme en todo el país. Según pudo saber TN, convocará a los presidentes provinciales de La Libertad Avanza a una reunión en el local partidario de CABA para ordenar la estrategia nacional.

Financiamiento político: más flexibilidad para aportes y gastos

El Gobierno prepara un cambio profundo en el régimen de financiamiento. Buscará derogar el Título II de la Ley 26.571, que regula las PASO y la composición orgánica de los partidos, y también introducirá modificaciones a la Ley 26.215, que controla el financiamiento partidario.

Una de las propuestas más fuertes es eliminar el límite de aportes privados, tanto por agrupación como por persona. Lo mismo ocurriría con el tope de gastos de campaña: la Casa Rosada pretende derogar el artículo 45, que impide que los gastos superen un monto calculado por cantidad de electores y un módulo electoral.

En paralelo, el Ejecutivo quiere reemplazar ese tope por un módulo electoral definido cada año en la Ley de Presupuesto. Para las asignaciones públicas, se aplicaría el 50% de ese módulo, alterando por completo el esquema actual de financiamiento estatal.

Además, el paquete incluye la eliminación de la obligación de destinar el 35% de la inversión en publicidad digital a medios periodísticos nacionales y la supresión del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral.