En una sentencia que marca un fuerte precedente para la educación inclusiva en la provincia, la jueza María Florencia Gutiérrez ordenó a un colegio privado de San Miguel de Tucumán revertir la exclusión de un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La magistrada consideró que la decisión de la institución de no renovar la matrícula para el ciclo 2026 fue "inmotivada" y "abiertamente discriminatoria".

Un derecho de admisión que no es absoluto

El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando el colegio notificó a la familia que el joven no sería admitido para el año siguiente. La institución intentó justificar la medida basándose en presuntos problemas de conducta y falta de compromiso de los padres. Sin embargo, la jueza determinó que:

Las supuestas conductas disruptivas eran, en realidad, manifestaciones propias de su condición de Asperger ante situaciones de estrés.

El derecho de admisión de los colegios privados debe ejercerse regularmente y no puede vulnerar el derecho a la educación inclusiva.

La exclusión respondió a la "incomodidad" de las autoridades frente a las exigencias de los padres por un ámbito respetuoso de la discapacidad.

Formación obligatoria para reparar el daño

Más allá de la reincorporación inmediata del estudiante, el fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la XVª Nominación impone una medida de alcance estructural para evitar futuros casos de discriminación.

La institución deberá implementar capacitaciones obligatorias para todo su personal docente, no docente y directivo en materias de niñez, discapacidad y derechos humanos. Estas instancias formativas estarán bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación de Tucumán.