El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresó su "más enérgico rechazo" a la resolución del Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó a los medios de comunicación cesar la difusión de contenidos críticos hacia fiscales y magistrados del Ministerio Público Fiscal.

Para la entidad, la disposición judicial es "incompatible con los principios esenciales de una República democrática", al limitar el derecho a la crítica y la libertad de expresión de la prensa y la ciudadanía. "Ningún funcionario, y mucho menos un juez, puede erigirse en censor de las ideas ni impedir a los ciudadanos o a la prensa expresar opiniones -por duras o incómodas que sean- sobre la actuación de los poderes públicos", advirtió el comunicado.

El derecho a criticar y la libertad de prensa

El Colegio recordó que la libertad de expresión está garantizada en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. "Sin derecho de crítica, el sistema de gobierno no puede pretender ser republicano ni democrático", enfatizó el texto.

También señaló que la medida del juez Lucas Taboada -que impide por seis meses la publicación de contenidos que "injurien o desacrediten" a fiscales y magistrados- contradice abiertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíben las restricciones preventivas a la prensa.

Pedido de sanciones y defensa del Estado de Derecho

El Colegio de Abogados porteño instó a que las autoridades competentes promuevan los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan frente a "semejante apartamiento de los principios republicanos y constitucionales".

"El respeto a la libertad de expresión y de prensa constituye una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y la preservación del Estado de Derecho", concluye el pronunciamiento firmado por el Directorio.

FOPEA también repudió la medida

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se sumó al rechazo al fallo, calificándolo como "un bozal legal" contra los periodistas y trabajadores del canal Compañía de Circuitos Cerrados (CCC).

FOPEA advirtió que la resolución impone una forma de censura previa, ya que restringe la difusión de información antes de comprobar un daño real. Además, recordó que la jurisprudencia nacional e internacional prohíbe la protección judicial preventiva del honor de los funcionarios públicos.

El conflicto judicial se originó a partir de una denuncia presentada por el ministro fiscal tucumano Edmundo Jiménez contra el director de CCC, Gustavo Olarte, por presuntos delitos de entorpecimiento de la función pública, coacción institucional e incitación al descrédito.

La resolución, dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe a Olarte y a todos los periodistas del canal difundir por televisión, radio, redes sociales o medios digitales cualquier contenido que "desacredite o distorsione" la actuación de fiscales o magistrados provinciales.