El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue citado a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello. La decisión se dio en el marco de la investigación por una presunta administración fraudulenta de fondos que su organización recibió del Estado en el marco del Plan Potenciar Trabajo.

En concreto, se sospecha de que el Polo Obrero utilizó "facturación apócrifa" y simuló "gastos no concretados" para "disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos". Según la hipótesis del juez, "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria".

La investigación se inició luego de las denuncias que realizaron beneficiarios del Potenciar Trabajo. Según esas acusaciones, las organizaciones sociales los obligaban a ir a las marchas para conservar sus planes. Además, dijeron que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. Puntualmente, las denuncias apuntaron a tres organizaciones: Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.

La investigación judicial habría encontrado pruebas que ratificarían estas denuncias. Además, acreditarían un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.

En su rol de dirigente del Polo Obrero, Belliboni firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas de esa organización como "unidad de gestión" del Potenciar Trabajo. El rol de esas unidades era "garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica". Además, controlan que se cumplan los requisitos para acceder o conservar el plan y reciben dinero del Estado con el fin de armar la estructuras y sostener proyectos para colaborar a la reinserción laboral de desocupados.

"Ello resulta de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados -al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL' y ‘Coxtex SA'-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", afirmó el juez.